España: El PP intenta blindarse ante las acusaciones

El ministro de Hacienda negó que el gobierno hubiera ayudado al ex tesorero involucrado en el caso de sobresueldos.

El gobierno de Mariano Rajoy trató ayer de blindarse ante las acusaciones por el escándalo de corrupción que afecta al oficialista Partido Popular (PP) , en el que su ex tesorero Luis Bárcenas habría pagado sobresueldos ilegales a la cúpula de esa fuerza.

En una jornada en la que el propio Bárcenas también apostó por desvincular al PP de sus sospechosos manejos de fondos millonarios, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó en el Congreso que el gobierno haya ayudado al principal acusado a lavar su «dinero opaco» a través de una ley de amnistía fiscal dictada el año pasado.

«En la lista de amnistiados, [Bárcenas] no aparece . Es todo lo que puedo decir», respondió ayer el funcionario, ante las insistentes preguntas de los legisladores opositores de la Comisión Permanente. Montoro fue al Parlamento obligado por la creciente presión de diversos grupos políticos que exigieron explicaciones del gobierno sobre el origen y el destino de 22,4 millones de euros que Bárcenas llegó a tener en una cuenta en Suiza.

De ese dinero, según el propio acusado, 10 millones fueron «blanqueados» en la amnistía fiscal abierta hace un año por el gobierno, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. Pero el ministro de Hacienda volvió a negar ayer que Bárcenas se haya escudado en este beneficio para limpiar fondos de origen dudoso.

Montoro, además, insistió en despegar a Bárcenas tanto del gobierno como del partido.

«Bárcenas no está en el PP desde 2009. Por algo será. Está acogido al secreto tributario igual que cualquiera de nosotros como contribuyentes, excepto cuando su representante renuncia a esa protección de datos», explicó el ministro. Montoro acudió al Congreso en lugar de Rajoy, ya que los legisladores oficialistas impusieron anteayer su mayoría numérica y dejaron sin efecto el intento de la oposición de someter al presidente al interrogatorio de ayer.

En cambio, Bárcenas, en una entrevista telefónica concedida a la televisión española, contradijo al gobierno al afirmar que sí regularizó, en octubre pasado, 10 millones de euros en su cuenta suiza, tal como lo había adelantado su abogado.

Por otra parte, el ex tesorero del PP negó tajantemente el pago en sobres con dinero negro a dirigentes de su partido. «¿Alguien se imagina a gente preparada y con titulaciones, a secretarios ejecutivos del PP, bajar a mi despacho a recoger el sobre y firmar un «recibí»?», dijo, antes de jurar «por Dios» que la financiación de su partido es correcta y legal.

OTRO ESCÁNDALO

Sin embargo, el escándalo por el supuesto pago de sobresueldos dejó de ser patrimonio exclusivo del PP. Ayer, el diario El Mundo denunció que la Fundación Ideas, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pagó cerca de 50.000 euros de fondos públicos a una columnista inexistente, con el fin de desviar ese dinero a favor del director del ente, Carlos Mulas.

El ejecutivo de esa fundación, que preside el propio secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, «inventó» la identidad de la periodista Amy Martin, cuyos artículos fueron publicados en 2010 y 2011 en forma exclusiva por la página de Internet de la entidad.

Pero aunque Martin tenía su propia cuenta de mail y un número de teléfono en Estados Unidos, no era más que un seudónimo utilizado por Mulas para publicar sus propios artículos y «fabricarse», así, una paga extra fraudulenta.

«Creo que Amy Martin es una analista política y sólo la he visto una vez», dijo Mulas, al ser consultado por las inconsistencias de su coartada, entre las que figuraban un delirante presupuesto de 16 centavos de euro por carácter.

Tras ser delatado por la investigación del diario español, el director de Ideas, que llegó a cobrar 3000 euros por artículo, fue inmediatamente despedido por el máximo responsable ejecutivo de la institución, Jesús Caldera. Según declaró luego su ex jefe, Mulas será obligado a devolver el dinero cobrado en forma ilegal y podría, además, ser denunciado ante la justicia española. «Tenemos que denunciar estas irregularidades, que a algunos nos abrieron los ojos», remató Caldera.-

La Nación