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FOPEA responde por el pedido de Cristina sobre una Ley de Etica para periodistas
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte públicamente que no es posible imponer conductas éticas en el ejercicio del periodismo profesional, por más deseables que ellas sean, y que hacerlo mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión. Por el contrario, se debe hacer docencia de forma paciente y permanente para que los periodistas en su función, así como los médicos, los abogados o los políticos en la suya, apliquen los principios adecuados a su respectiva labor.
Hace una década FOPEA nació a partir de la necesidad de identificar, definir y aplicar pautas éticas para el ejercicio profesional periodístico. A partir de un intenso debate interno, los socios de todo el país elaboramos en 2006 un Código de Ética de cumplimiento obligatorio para todos los miembros (de entonces, actuales y futuros) a partir del convencimiento de que esos principios son fundamentales para el correcto ejercicio de nuestra labor al servicio de la sociedad.
Esta idea es central en la filosofía de FOPEA. Apostamos a la autorregulación de los periodistas (y de las empresas periodísticas en las cuales trabajamos, que no es lo mismo ni deben tener obligatoriamente los mismos objetivos), sin crear tribunales de ética. Esta decisión se basó en el criterio del maestro colombiano Javier Darío Restrepo, quien desde siempre pregonó que el respeto a los principios éticos no se puede imponer mediante la coerción, la intimidación o el miedo al castigo, sino a partir de la convicción profunda de lo que es o no es correcto.
FOPEA pone a disposición de todos los profesionales periodísticos e interesados en el tema su Código de Ética, que se potencia como herramienta ante la escasez de otros documentos similares en empresas públicas o privadas. Existen, además, numerosas experiencias internacionales que pueden servir de guía, y que fueron analizadas por FOPEA para la elaboración de su propio código en 2006.
Sin embargo, y más allá de que este tema tiene una trascendencia por encima de la coyuntura, el planteo que realizó ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al pretender que se sancione una legislación al respecto, cae en los aspectos negativos mencionados antes. Desde FOPEA acordamos con la necesidad de debatir las normas éticas que deben regir la buena práctica periodística pero manifestamos nuestro total desacuerdo con cualquier iniciativa que promueva la regulación de la profesión por medio de leyes o medidas gubernamentales y alertamos sobre los graves riesgos que implica para la libertad de expresión esta clase de planteos o propuestas.
Relacionar este tema con la libertad de prensa genera una confusión de campos, como si fuesen contradictorios. Puede haber un comportamiento ético profesional individual sin libertad de prensa, como se dieron ejemplos (que costaron vidas) en la última dictadura militar, y viceversa, simplemente porque se trata de temas distintos y no opuestos.
Por otra parte, una de las formas de mejorar la calidad de la información pública es que el Gobierno cumpla y haga cumplir la ley de ética pública en todo lo referido a la difusión de la información pública. Para que el pueblo pueda controlar el abuso de los poderosos, ya sea desde el Estado o desde el sector privado, es necesario que la información pública no sea tomada como un bien privado por los funcionarios que la gestionan. Desde el comienzo de su mandato como Presidenta, se ha hecho más difícil acceder a la información, por lo menos, en las siguientes instituciones: Jefatura de Gabinete, la mayoría de los Ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central, el Banco Nación, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la Casa de la Moneda y la Inspección General de Justicia (IGJ). También hubo un retroceso en la labor de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento dela Democracia (Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación).
Si la información de las instituciones estuviera realmente disponible, mejoraría en forma notable tanto la gestión del Gobierno como la capacidad de control del pueblo. Este es un caso de soberanía informativa: la información pertenece al pueblo. Por ello, se debe saldar la larga mora en sancionar normas de Acceso a la Información Pública para los tres poderes del estado y en sus distintas manifestaciones territoriales.
Así como creemos que es imprescindible que los medios de comunicación elaboren sus propios Códigos de Ética, también consideramos que para que el trabajo periodístico pueda tener un horizonte integral es necesario en el país una ley de regulación de la Publicidad Oficial y de Medios Públicos, además de las tan mentadas conferencias de prensa de los funcionarios de los diversos estamentos del Estado, tal como lo viene proponiendo FOPEA desde hace años.
Complementario a esto, es indispensable que se sancione una ley que proteja la Libertadde Conciencia de los periodistas, como la presentada el año pasado por FOPEA.
En el tema de las pautas publicitarias, la Presidencia de la Nación podría dar el ejemplo y aprobar una resolución interna que establezca cuestiones objetivas y comprobables para la distribución de los dineros públicos, a la espera de la sanción de alguna norma que abarque, además, a los otros poderes del Estado. La sinceridad de su reciente planteo se verá demostrada con medidas de efectiva transparencia y apertura.
