France Télécom condenada por acoso laboral masivo, provocó al menos 19 suicidios

Didier Lombard condenado a un año de prisión por su política de acoso en France Télécom. Foto de Mathieu Thouvenin

La compañía telefónica francesa, hoy rebautizada como Orange, ha sido condenada por haber llevado a cabo un plan de bajas que devastó a su plantilla, formada por más de 100.000 personas.

Por Pablo Elorduy / El Salto

La justicia francesa ha condenado a un año de prisión y 15.000 euros de multa a Didier Lombard, director ejecutivo, Louis-Pierre Wenes, delegado y Olivier Barberot, director de recursos humanos. Los tres diseñaron la estrategia de France Télécom para reducir plantilla, una estrategia acreditada como “acoso laboral” por el tribunal de Porte de Clichy, en París. También se impone una multa de 75.000 a la empresa, hoy rebautizada como Orange, por este caso de acoso sistemático a sus trabajadores que quedó marcado por una oleada de suicidios: 60 asalariados de France Télécom se quitaron la vida en el periodo que transcurrió entre 2001 y 2008, un tiempo en el que Lombard, Wenes y Barberot ejecutaron su plan de reducción de 45.000 puestos de trabajo —conseguido, en parte mediante 22.000 despidos—. Puestos de trabajo de los cuales nueve de cada diez estaban ocupados por funcionarios.

Otras cuatro personas han sido condenadas a penas menores, de cuatro meses de cárcel, por su complicidad en un juicio que ha requerido 46 sesiones. Las indemnizaciones ascienden a cinco millones de euros. El tribunal ha emitido su sentencia después de escuchar las historias de 39 personas afectadas, 19 de las cuales se suicidaron en un lapso de tiempo que en Francia ha quedado definido por la expresión “Por la puerta o por la ventana”, en una expresión atribuida al CEO de France Télécom. La defensa de Lombard ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, en lo que considera una sentencia basada en “un análisis político y una política demagógica”.

El juzgado considera acreditado que el director ejecutivo, el de recursos humanos y el delegado, pusieron en marcha un sistema para trasladar la presión a todos los eslabones de la compañía, que hoy todavía conserva un 23% de su titularidad pública. La táctica del llamado plan NExT consistió en aislar a los trabajadores de sus compañeros y en promover la movilidad entre centros de trabajo para torpedear las posibilidades de organización contra el plan de bajas. El plan consistió en la configuración de un clima irrespirable en el día a día. Como ha explicado uno de los abogados de la acusación, citado por el diario Liberation, se trató “de un gran accidente laboral organizado por la patronal”.

Además de la repercusión sobre los trabajadores afectados, los sindicatos, que se personaron como acusación particular, se felicitan porque la sentencia debe permitir preguntarse cómo fue posible que un mecanismo de acoso de tal calibre se saltase todos los controles y la política de prevención de riesgos asociados al trabajo.

Familias como la de Jean Perrin serán indemnizadas con cantidades en torno a los 60.000 euros por la pérdida de sus allegados. Los 60 suicidios, como escribió Alain Damasio, cuyo relato de las sesiones del juicio publicó El Salto el pasado mes de julio, “son siempre un acto de múltiples factores, incluso cuando el suicida deja una carta acusando a la política de France Télécom sin ningún equívoco”. A pesar de esa multicausalidad, la sentencia da la razón a las 19 familias que han decidido presentarse en el juicio para pedir reparación moral.

Como recoge La Petite Bao, órgano de expresión del sindicato Solidaires, personado en la causa, uno de los abogados de los sindicatos, Jean-Paul Tessonnière, explicó en una de las sesiones cómo “el derecho penal tiene una función represiva y expresiva. Debe expresar las principales prohibiciones de una sociedad. La pregunta que debe hacerse es simple, casi infantil: ¿estaba prohibido? Se espera de este juicio que indique que lo que sucedió en France Télécom debe clasificarse entre estas prohibiciones primordiales”. A pesar de lo que ha declarado la defensa de Lombard, el caso no ha juzgado por qué la dirección se impuso esa meta de reducción de plantilla. No se trataba de una compañía en mala situación financiera o en una crisis de modelo.

“Las fiscales piden la pena máxima: un año de prisión. De la que de todas formas nunca verán el color de las paredes [de la cárcel], si el cargo se mantiene. Y… 15.000 euros de multa. ¿El coste de una jornada de abogado? Una gota en el océano de dinero que ganaron por echar a 22.000 personas y matar a 60 —ah claro, de forma indirecta, “involuntaria” y “con múltiples factores”—. Eso hace barata la vida humana, ¿no?. Pero dejemos el cinismo fácil. Este proceso es y quedará como histórico. Deja y dejará huella.”, escribió Alain Damasio en su relato; “lo que cuenta es que los dirigentes empresariales sabrán desde ahora que ya no tendrán las manos libres para masacrar vidas trabajadoras. No tan libres en todo caso”. La sentencia ha confirmado que, al menos en Francia, la masacre de vidas trabajadoras no es tan libre como les parecía a Lombard, Wenes y Barberot.-