Fuerte conflicto en la Auditoría por arbitrariedades que ponen en duda el control real del organismo

SALTA. LOS QUE CONTROLAN, DESCONTROLADOS

Entrecruce de misivas entre las autoridades de la Auditoría General y representantes gremiales por el incumplimiento de un acuerdo. El conflicto llegó al Ministerio nacional y quedó a un paso de ser judicializado.

A fines del año pasado se reeditó un viejo pedido que venía siendo ninguneado por las autoridades del la Auditoría General de la Provincia, el principal organismo de control encargado de auditar la suma del poder político de Salta.

El incumplimiento de un acuerdo por parte de las autoridades de la AGP -acuerdo surgido de un conflicto anterior-  por el que se debía avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo, fue nuevamente el motivo de reclamos del gremio -APOC Salta- hacia el Presidente del cuerpo, Abdo Omar Esper.

Ocurre que, de las negociaciones anteriores a las que se arribó para destrabar viejos reclamos, el Organismo junto a los representantes de los trabajadores debían avanzar en la aprobación del Convenio Colectivo en el que se plasmaría la estructura del órgano y la carrera administrativa. Eso lleva una demora, al parecer nada ingenua, de más de 3 años. Sin lograr avances en la consecución de ese Convenio, las autoridades de la AGP aparecen nuevamente cuestionadas no solo por la arbitrariedad con que se direcciona personal para la tarea de control sino por un llamado a concurso sin las reglas claras que debían estar plasmadas en el Convenio que reclaman los trabajadores.

La independencia con que debe regirse la Auditoría en su tarea de control de los fondos públicos y observando que se ajuste a derecho todo Poder y dependencia del Estado provincial, aparece una vez más vulnerada. El letargo que padecen revela arbitrariedades y dudas sobre la capacidad de control real del Organismo.

¿Qué criterios podrían amparar la negativa del cumplimiento de un Convenio? En la práctica se designó discrecionalmente al personal para auditar áreas sensibles que involucran al Poder Ejecutivo Provincial, personal contratado que no cuenta con designación por concurso y por lo tanto con el amparo de la formalidad para no quedar sometido a políticas de premios y castigos; motivo principal del reclamo gremial.

Al parecer, intentando salvar esa crítica las autoridades de la Auditoría llamaron recientemente a concurso pero sin la aprobación del Convenio que le dé un marco de transparencia a la estructura y reglas claras al personal, por lo que es fuertemente cuestionado.

Hasta hace unos días el entrecruce de misivas entre las autoridades de la AGP y los representantes gremiales fue subiendo de tono, a punto tal que las mismas llegaron a contar con sello de correo y el temido saludo final de “Queda Ud. legalmente notificado” antes de la rúbrica de rigor.

Ahora el conflicto llegó al mismísimo Ministerio de Trabajo de la Nación del que se espera una intervención antes de lo que parece ser inevitable: la vía judicial.-