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GATOPARDO
El Informe de Auditoría que en exclusiva fue revelado a nuestra Revista y que desenmascara al intendente por su responsabilidad en el «robo de fondos pùblicos». Intendencia, Hacienda, Servicios Públicos, Recursos Tributarios y Tesorería implicados.
Publicado en la revista Estado de Cosas Nº 8
“Si queremos que todo siga como está es preciso que todo cambie”
La famosa frase del autor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa alude a reformar una parte de las estructuras para conservar el todo sin que nada cambie realmente.
“El Gatopardo es un ensayo incisivo e irónico sobre el cambio y la inmovilidad en la sociedad. Es una brillante reflexión sobre el poder de la Iglesia y el ascenso de la Mafia. Muestra en acción los sistemas interconectados de intereses que controlan la sociedad”.
Revelaciones que altísimas fuentes (que preservamos) dieron a conocer a nuestra Revista la existencia de Informes de Auditorías girados al Intendente Marcelo Lara Gros, que hablan de las irregularidades administrativas que facilitaban el desvío y descontrol de fondos en la intendencia desde su primer período de gobierno.
Estos Informes, que están también en poder del Intendente, documentan que Lara no solo estaba advertido de las situaciones que posibilitaban la comisión de delitos, los mismos que hoy se denuncian en la justicia y órganos estatales, sino también que no hizo nada ante ello, obrando del todo perniciosamente e incumpliendo con sus deberes de funcionario como mínimo; mientras acrecientan las sospechas de su participación necesaria en una asociación ilícita tal como fue denunciado en la justicia.
De acuerdo a la documentación existente, Marcelo Lara Gros no podría desconocer las irregularidades e ilicitudes que ocurrieron con los fondos públicos a cargo de la municipalidad.
Es más, ahora existen los suficientes elementos como para hacerlo responsable directo al menos del delito de malversación de fondos públicos (e incumplimiento de los deberes de funcionario), que fue una constante en su gestión y fue hasta declarado en una entrevista por el mismo secretario de haciendas Darío Zabala (Revista Norte Nº 8) cuando aún se creía impune.
Pero los creyentes se dirán.. si Lara Gros hubiera buscado llegar a la intendencia para malversar y robar, no hubiera dotado de elementos de control a la administración, o lo haría con personas que le respondieran sumisamente bajo un pacto previo. ¿Por qué entonces habría de crear una Unidad de Auditoría Interna si necesitaba encubrimiento e impunidad?
En el año 2009 Lara Gros dictó la Resolución 1828/2009 por la que nombra un Auditor Interno que tenía la obligación de reportarle exclusivamente a la persona del Intendente. Lo hizo al crear ese mismo año, la Unidad de Auditoría Interna Municipal bajo el ámbito de la Secretaría de Asuntos Legales y Técnicos pero que reportaba directamente al Intendente.
Otro dato interesante es la persona que eligió Lara para Auditor. Se trata de un pariente directo de un adversario político de Lara Gros que en esos momentos disputaba por el peronismo una banca para llegar a ser diputado provincial: Marcelo Astún.
Astún es cuñado del Contador Pablo Morillo, el auditor elegido por el intendente. Este dato no es menor a la hora de desenmascarar la estrategia larista. Sobre todo porque Morillo cumplía con las características necesarias para alejar toda sospecha. No solo era pariente del supuesto adversario, sino también -y sobre todo- un joven profesional de perfil bajo, sencillo y con alto reconocimiento profesional y social. Esto atrajo a Lara para lograr su cometido, pero esto mismo hizo alejar unos meses después al contador del cargo.
Es como esas acciones políticas que se hacen, tipo Laboratorio de Enfermedades Tropicales: se pintan cuatro paredes, se les pone un letrero elegante, un nombre rimbombante, vienen todos a tirar de la cintita, se sacan las fotos para los diarios… pero todo sigue igual.
Siguiendo con esa línea, pero en nombre de la Transparencia, Lara creó la Unidad de Auditoría, nombró al contador idóneo, le recibió los informes… pero nada cambió.
Lo interesante de esta historia es que desde la Auditoría se dictó informes cumpliendo con los objetivos prescriptos en la norma que lo faculta, es decir, con la “misión de examinar en forma independiente, objetiva, sistemática y amplia el funcionamiento de todas las dependencias municipales, de cualquier rango y competencia, controlando sus operaciones y el desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades financieras, legales y de gestión, formándose opinión e informando acerca de su eficacia y de los posibles apartamientos que se observen”.
Y era de esperar que así se haga, hasta el mismo Lara apostó al sinceramiento del Contador. Con tal… el objetivo ya estaba cumplido: hacer creer a sus adversarios políticos, a sus mismos funcionarios -los que no compartirían con él la “mesa chica”- y a la opinión pública, de sus claras muestras de transparencia.
Con tal… su poderío político –el de cooptar a todos los sectores-, que era realmente lo que lo desvelaba, no le exigiría el cumplimiento a raja tablas de reglas claras para el logro de una buena gestión.
Porque ¿Quién iba a dudar de las intenciones de este buen hombre, del altruismo y la filantropía que lo llevaron a dedicar su valioso tiempo, su vida a la función pública para ayudar a la sociedad a crear un mundo mejor para los más necesitados, como le enseñó Cristo; un hombre de familia por sus fuertes convicciones religiosas, exitoso en su profesión de abogado, un hombre rico y de familia tradicional que supo traducir como Aristocrática o Real para el imaginario social? (Ver abajo: “El Mito”). ¿Qué otra cosa inspiraría a tan Encumbrado Ser sino el Bien Común, que supo internalizar en sus años de formación eclesiástica y jurídica?
Los Informes emitidos por la Auditoría involucran las áreas de: Servicios Públicos a cargo en ese entonces de Carlos Porcelo (el diputado provincial recientemente fallecido), Secretaría de Haciendas a cargo de Darío Zabala (hoy asesor de la gobernación), Secretaría de Recursos Tributarios a cargo de Roberto Aguirre Crausaz (hoy Secretario de Haciendas), Dirección de Tesorería a cargo de María Inés Juarez de Cejas. Y en las observaciones referidas a Servicios Públicos, Hacienda y Tesorería, algunos de los procedimientos utilizados que violan las normativas vigentes fueron ejecutados por el mismo Intendente Marcelo Lara Gros.
Todos los Informes concluyen con observaciones negativas sobre el funcionamiento y gestión de los recursos. Pero también se dictan en ellos las recomendaciones y los procedimientos a poner en práctica para la superación de las fallas detectadas.
Sin embargo, y a pesar de ser estos procedimientos y recomendaciones de fácil cumplimiento y ejecución, no fueron adoptados.
La mayoría de los informes dictaminan que los procedimientos auditados, “no cumplen con los estándares mínimos de control”. Pero hay más.
Las enormes desprolijidades y la tremenda ambición llevaron a Darío Zabala a cometer errores insalvables que lo ponen de cara con la justicia.
Pero nada de ello podría haber ocurrido sin la necesaria participación del Intendente Lara Gros. Administrativa y financieramente las decisiones y las ejecuciones del uso y disposición del dinero necesitan de su firma, en varias instancias: Contratación y Pago, como mínimo.
El informe es lapidario. El intendente no solo No Cumple con los criterios de control que le exige su función sino que comete ilegalidad en el uso de documentos de dinero público.
Según surge del texto del Informe, el Auditor “Al averiguar quién tiene la custodia de las chequeras sin utilizar todavía, respondió (la Directora de Tesorería) que la tiene Tesorería, siendo este el procedimiento recomendable. Pero al insistir en corroborar la custodia de las chequeras en `blanco´ tomé conocimiento de que Ud. como Intendente Municipal, deja en custodia de Tesorería cheques firmados sin llenar en ninguno de sus espacios, ya sean de fecha, importe en números o letras ni el espacio del destinatario, siendo esta una grave irregularidad, ya que el documento si bien no solo necesita su firma, este accionar elimina controles que están a su cargo, y pone las decisiones en manos de otras personas, siendo todo en detrimento de los principios de eficiencia, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y transparencia, plasmados en la Carta Municipal”.
Cómo excusar de culpabilidad Jurídica-Administrativa al exitoso abogado que no solo es representante legal de la multinacional Tabacal, sino que ejerció también varios cargos públicos como Concejal, Asesor Legal del PRS en la Convención Constituyente Nacional para la Reforma de la Constitución Argentina, Convencional Constituyente en la reforma de la Constitución Provincial, Diputado Provincial, y anteriormente Secretario de la Cámara del Crimen y Fiscal Penal de la Justicia Provincial.
Lara Gros ejerce cometiendo grave ilegalidad en su función de intendente, sin sujetarse al Orden Jurídico que le exige la Carta Orgánica Municipal.-
EL MITO
Por M.C.M.
Supo crearse una imagen, cuestión que desde muy joven lo obsesionó, que le permitiera aparecer como el hombre altruista y filantrópico que dedica su vida a la función pública para ayudar a la sociedad a construir un mundo mejor, por los más necesitados, como Cristo le enseñó. Un hombre de familia por sus fuertes convicciones religiosas, exitoso en su profesión de abogado. Un hombre rico y de ascendencia tradicional que supo traducir como Aristocrática o Real para el imaginario social.
Lo cierto es que Lara Gros no es nada de eso, aunque dedicó su vida a construir la escenografía “de campaña” que le valió el “éxito” que hasta hoy le favorece.
Marcelo Lara Gros no es un buen hombre, altruista y filantrópico dedicado a su pueblo y a los más necesitados, etc. etc. Es en cambio un mitómano[i] que se dedicó a la política “religiosamente” para beneficio propio.
Pero sus otras características, cuya autoreferencia exalta, son más desenmascarantes aún ante el común observador.
No es un exitoso abogado, es el abogado de una gran empresa que sabe que los pleitos laborales no se ganan, sino que se negocian.
Tampoco fue un hombre rico, fue solo un empleado del Ingenio Tabacal -como lo fue otro histórico colega suyo- cuyo sueldo, en todo caso, supo complementarlo con su carrera política (Concejal, Diputado Provincial, etc.), entre otras cosas.
Tampoco corre sangre azul por sus venas. No viene de la aristocracia ni desciende de la realeza. Su padre, cuentan sus amigos, llegó a Orán como empleado de una agencia que vendía pasajes para Aerolineas Argentinas. Y su madre heredó una ferretería. Gente de trabajo, como todos.
Su obsesión por pertenecer a la casta destacada de la alta sociedad salteña fue quizá lo que lo llevó a conservar para sus hijos su doble apellido: sus hijos llevarían también el apellido Lara Gros, cuando deberían llamarse Lara Perez. Un ejemplo simple pero que lo define.-
[i] MITOMANÍA: Del griego mythos (dichos, relato, discurso) y mania (modismo). Se define mitomanía como el trastorno psicológico consistente en mentir de forma patológica continuamente distorsionando la realidad y haciéndola más soportable; el mitómano sublima su impulso transformándolo en arte. El dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón expuso un modelo de esta patología en su obra La verdad sospechosa.
Tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciendo la realidad de lo que se dice.
Con frecuencia, el enfermo, de carácter más bien paranoide, desfigura mentirosamente la propia idea que tiene de sí mismo, magnificándola (delirio de grandeza) o simplemente disfrazando unos humildes orígenes con mentiras de todo tipo, de forma que llega realmente a creerse su propia historia y se establece una gran distancia entre la imagen que tiene la persona de sí mismo y la imagen real. Muchos famosos (cantantes de pop, celebridades de diez minutos, etc.) han padecido esta patología.
Si bien la mentira puede ser útil y es un comportamiento social frecuente, el mitómano se caracteriza por recurrir a esta conducta continuamente sin valorar las consecuencias, con tal de maquillar una realidad que considera inaceptable urdiendo todo tipo de sistemas delirantes. Esta característica está asociada a trastornos de personalidad graves y se puede relacionar con dos tipos de caracteres: por un lado, los necesitados de estimación, y por otro, los que sufren un trastorno de personalidad hipertímica, es decir, las personas que tienen un ánimo muy elevado (superficiales, frívolos, impacientes). Tomado de Wikipedia.-
MÁS COMPLICADO
El Ministerio de Justicia de la Nación recibió recientemente una denuncia contra Darío Zabala Moreno en la que lo investigarán por Evasión Fiscal y Lavado de Dinero.
Los Informes de Auditoría Interna que lo jaquean.
Publicado en la revista Estado de Cosas Nº 8 – Mayo de 2012
El 7 de mayo pasado el ex secretario de haciendas de la municipalidad y actual asesor del Gobernador Urtubey, el contador Darío Zabala, recibió una nueva denuncia.
Cuatro Concejales la presentaron ante el Ministerio de Justicia de la Nación para que se lo investigue por Evasión Fiscal y Lavado de Dinero.
Las pruebas aportadas al Organismo nacional por Sanguino, Bordón, Acosta y Rodríguez serían contundentes.
Luego de que Estado de Cosas tomara conocimiento de la inminente denuncia ante la Nación, esta Revista buscó entrevistar a los Concejales, pero éstos se excusaron de hablar para “preservar el avance y confidencialidad de la investigación”.
Por altas fuentes consultadas pudimos conocer que serían nuevas pruebas, oficiales e inéditas, las que se habrían aportado ante el Ministerio que complicarían fuertemente a Zabala por estas dos figuras delictivas de que se lo acusa.
Los Informes de Auditoría
Nuevamente los informes de auditoría a los que accedió en exclusiva nuestra Revista, suman elementos para las investigaciones que, en los distintos ámbitos jurídicos y administrativos, se le abrieron al ex Super Secretario.
Uno de los Informes elevados al Intendente y (según obliga la Norma) a las Secretarías obrantes advierte que sistemáticamente se “envían a Tesorería facturas con firma autorizada por Secretaría de Hacienda para efectuar el pago en efectivo de la misma, sin contar con la correspondiente contabilización previa del gasto y sin orden de compra, violando de esta manera las normativas municipales. Además, en reiteradas oportunidades, la Secretaría de Hacienda solicitó el envío de dinero en efectivo para cancelar obligaciones, se realiza el pago en esas dependencias y luego se envía la documentación pagada con la correspondiente autorización de la Secretaría de Hacienda, de esta manera no solo se violan las normativas antes mencionadas, sino que además, crea las sospechas de que los medios de pagos utilizados son alterados por la misma Secretaría de Hacienda quien podría quedarse con lo recaudado en efectivo y cancelar con otros medios las obligaciones que dice pagar en efectivo”.
La Auditoría también pone al descubierto que en Recursos Tributarios no existía un registro de los cheques recibidos por cobro de tributos u otras obligaciones. Cuando un contribuyente paga con cheques “muchas veces se realiza un recibo en donde establece que se cobró en efectivo y en realidad se recibió un cheque”. Por lo tanto, al no existir control y documentación de los valores o cheques que ingresan, tampoco se puede saber si el efectivo que recibe Recursos Tributarios es luego cambiado por cheques que en realidad nunca entraron por Caja de Ingresos. Es decir, podrían ingresarse cheques de terceros que no fueran de contribuyentes para pagar tributos, sino que podrían ser ingresados por los que disponen del dinero.
Este descontrol descripto claramente en la Auditoría es lo que demuestra que Zabala y Compañía gozaban del escenario propicio para hacer funcionar una mesa de dinero, como se sospecha.
También un Informe anterior[i] ponía en conocimiento del Intendente y sus Secretarios la violación de la Ordenanza 584/91 (De la Hacienda Pública) en sus artículos 12, 14, 21, 22 y 45 y recomendaba para el resguardo y utilización transparente de los fondos públicos que “Todos los fondos recaudados deben pasar por Tesorería e inmediatamente deben ser depositados”, en conformidad con lo que establece el Capitulo V: “Del Servicio del Tesoro” de la Ordenanza 584. Pero esto no se cumplió, y Hacienda e Ingresos Públicos quedaron en evidencia. Junto al Intendente, necesariamente.
Zabala y Lara enfrentan causas en casi todos los estamentos Jurídicos del Estado y en los de Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
Sólo para nombrar algunas:
CAUSA 1: Denuncia contra Zabala en la AFIP realizadas y publicadas por el Ingeniero Carlos Alonso (ex Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad) para que se investigue su desmedido crecimiento patrimonial desde que asumió como funcionario.
Alonso hace un recuento de las riquezas que ostenta Zabala desde Diciembre de 2008 hasta ahora y pide que se investiguen: a) La adquisición de 2 manzanas de la Familia Knudsen. b) Una casa en el Barrio Portal de Los Naranjos. c) Refacción de una vivienda adjudicada por el IPV. d) Un terreno valuado en 400.000 pesos en calle 25 de Mayo primera cuadra adquirido al Sr. Mario Aveldaño. e) Varios automotores adquiridos y puesto a la venta su local comercial (de 25 de mayo primera cuadra). f) Varias cuentas bancarias en 3 bancos (Río, Macro y Nación). g) Locales Comerciales: 1- Orán Lux. 2- Automotores Gabriel. 3- La Repuestera. 4- Gestoría e Inmobiliaria. Alonso pide que se Zabala explique a la AFIP cómo hizo para poseer todo esto en tan corto tiempo y con solo un sueldo municipal de $6.000 cuando a su vez tenía una actividad profesional privada casi nula, situación que se puede verificar en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
CAUSA 2: Contra Darío Zabala realizada por Carlos Alonso ante la Fiscalía Federal (a cargo del Fiscal José Luis Bruno) en la que aporta los datos elevados a AFIP y pide que se dé curso a las acciones que correspondan a la Fiscalía.
CAUSA 3: Presentada contra Zabala en la AFIP anónimamente y que en exclusiva se presenta en nuestra Revista. La denuncia pide investigación a Zabala para que éste justifique la compra de un automóvil 0 km marca Toyota Corola a finales de 2007, había sido desempleado de Casa El Gato y recién asumía la función pública. La compra de una propiedad en Barrio Los Naranjos, su cancelación mediante crédito hipotecario de un banco en la capital salteña y la venta de dicha propiedad sin pasar por la escrituración correspondiente. La sociedad en una empresa de venta de automotores. La inauguración de un comercio llamado La Repuestera. La compra de Orán Lux a Justo Bruno y Norma Lizarraga de Bruno. Su actividad como empresa inmobiliaria. Su actividad financiera de cambio de cheques y préstamo de dinero. El movimiento de dinero en sus cuentas bancarias. La inversión en una vivienda adjudicada por el IPV. Los cambios de vehículos para uso particular en todos los años desde 2007 a la actualidad. La adquisición de un inmueble en calle 25 de Mayo primera cuadra. La emisión de cheques sin fondos y las recurrentes denuncias de valores robados para evadir sus pagos. La compra de máquinas y vehículos mediante testaferros que luego son alquilados a la municipalidad y a empresas locales. La adquisición de una propiedad Catastro Nº 14853 en esta ciudad.
CAUSA 4: Presentada por el Doctor David Leiva ante los tribunales provinciales (que obra en la Fiscalía a cargo de la doctora Mónica Araceli Viazzi -Fiscal Penal y Correccional del Distrito Judicial del Norte, Orán-), para que se investigue a Darío Zabala por las defraudaciones cometidas en la órbita municipal en perjuicio del patrimonio municipal por los dichos del Concejal José Rodríguez quien fue también perjudicado por Zabala cuando le adjudica una facturación como contratista de la municipalidad por 3 millones de pesos, cuando fueron 300.000 pesos los que realmente facturó. En ella se enuncia la responsabilidad y el mal desempeño de la función pública de Lara Gros y la comisión de delito por falsificación de documento público por parte del Secretario de Gobierno Luis Sare.
CAUSA 5: Ampliación de la denuncia del Doctor Leiva por la figura de Asociación Ilícita contra Darío Zabala y Marcelo Lara Gros por la causa antes descripta.
CAUSA 6: Contra Darío Zabala ante el Ministerio de Justicia de la Nación para que lo investiguen por Evasión Fiscal y Lavado de Dinero.
CAUSA 7: En Órgano Administrativo Provincial -Auditoría General de la Provincia- Expte 218111 de abril de 2010 en el que se denuncia entre otras cosas el ocultamiento o desaparición de documentación pública como las Resoluciones de Intendencia que no se encuentran en el archivo correspondiente, ni registradas en el Libro de Resoluciones correspondientes, irregularidad económico-financieras de la municipalidad respecto al manejo de los fondos, irregularidades en la Ejecución Presupuestaria, irregularidades en el Plan de Obras, etc.
CAUSA 8: La que se investiga en el Concejo Deliberante de Orán por iniciativa de los Concejales Bordón, Sanguino, Rodríguez y Acosta, y que cuentan hasta ahora con el apoyo de los Concejales Ruiz y Villalpando.
CAUSA 9: La que iniciara el Concejal José Rodríguez por los Informes que le remitieron sobre el movimiento que como proveedor de áridos se le adjudica (a la empresa de la familia del Concejal Rodríguez) desde la municipalidad, y por lo cual está siendo investigado en la AFIP. Haciendas le acercó un informe a mano alzada con el detalle de los montos pagados a su Firma por 3 millones de pesos. Unos días después le acercan otro informe hecho en computadora por las mismas operaciones como contratista pero con un monto de 2 millones y medio.
Rodríguez contó a la prensa que, como los funcionarios sabían que se estaba por elevar un Pedido de Informe desde el Concejo, “me pasaron el informe pidiéndome que yo tilde las facturas que realmente existieron, cosa a la que nunca accedí”.
Rodríguez asegura que él no facturó 3 millones de pesos a la municipalidad, sino una cifra mucho menor (300.000 pesos) y denunció que Zabala le falsificó talonarios de facturas que son las que presenta para retirar dinero de la municipalidad como si fueran servicios prestados por la empresa de Rodríguez.
Existiría también en el informe que maneja el concejal “una deuda por 130.00 pesos y extracciones de plata que se hicieron sin factura”. Las facturas apócrifas y la adulteración de su firma para cobrar los valores que se le imputan, son motivo de una nueva denuncia dirigida al contador Darío Zabala Moreno y que implica a varios funcionarios y al Intendente.-
[i] El Informe de Auditoría Observó el incumplimiento por parte de las Secretarías a cargo de Darío Zabala y Roberto Aguirre de la Ordenanza 584/91 en sus Artículos: 12- que establece que “Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deberán ser ingresados a la Tesorería Municipal antes de la finalización del día hábil siguiente al de su percepción”. 14- que dice “Ninguna oficina, dependencia o agente recaudador podrá utilizar por si los fondos que recaudan. Su importe total deberá depositare en la Tesorería Municipal según lo dispuesto en el Art.12”. 21- “El gasto estará en condiciones de liquidarse cuando, por su concepto y monto, corresponde al compromiso registrado, tomando como base la documentación que demuestre el cumplimiento de normas vigentes y obligaciones contraídas”. 22- Establece que “Liquidados los gastos, se dispondrá su pago mediante la emisión de la orden de pago”. 45- Ordena que “El intendente por intermedio de la Secretaría de Hacienda podrá disponer la utilización transitoria de los fondos para efectuar pagos cuando por razones circunstanciales o de tiempo deba hacerse frente a apremios financieros”.-
