Losgobiernos nacional y provincial deben poner todos sus esfuerzos en apagar los incendios, y ampliar significativamente los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra el fuego.
Las multas no son suficientes para desalentar incendios intencionales y los desmontes ilegales y, a su vez, casi nunca son obligados a reforestar. Frente a esta situación, Greenpeace considera necesario que se catalogue como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional; y se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.
Por otra parte, los gobiernos deben establecer políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes.
Ante la actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad es urgente avanzar hacia un plan de Deforestación Cero.-