Las relaciones laborales no sólo no escapan a esta afirmación de carácter general, sino que por el contrario han sido una de las dimensiones más relevantes para el interés colectivo luego de aquellas cuestiones vinculadas a la protección de la salud y la vida de la población.
Durante el último año, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente caída del empleo y los salarios fue reflejada en los informes periódicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibió una atención central en los medios de comunicación, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos orígenes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tomó un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervención estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis también fue abordada desde múltiples perspectivas.
La agenda de intervención estatal sobre el sistema de relaciones laborales, aun en un año muy particular, no se limitó a medidas vinculadas estrictamente al impacto de la pandemia del Covid 19: ATP, IFE, prohibición de despidos, etc. En efecto, durante el año 2020 distintas iniciativas que afectan de manera más o menos directa a los trabajadores y trabajadoras fueron impulsadas y aprobadas a nivel legislativo: el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, la sanción de la Ley 27.555 que reguló la modalidad del teletrabajo, el dictado del decreto 721/20 por medio del cual se garantiza el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, y la aprobación de la Ley 27.605 que estableció una contribución extraordinaria a las grandes fortunas destinada a financiar los gastos originados en la pandemia.
El relato dominante sobre el impulso de este tipo de iniciativas suele relegar a un lugar secundario al papel de los trabajadores y trabajadoras, quienes habitualmente son presentados como meros destinatarios de estas políticas, y no como actores activos en la promoción de iniciativas vinculadas a la regulación de las relaciones laborales.
La organización y la acción colectiva siguieron siendo, durante el 2020, una nota distintiva de la intervención de les trabajadores en materia económica, política y social. Aun con los límites que impuso la pandemia, los reclamos tanto centralizados como descentralizados estuvieron presentes a lo largo de todo el año, por cierto que con distinta intensidad y contenidos: desde conflictos por condiciones de trabajo hasta una negociación salarial que, si bien se postergó en el tiempo, finalmente llegó a casi todos los sectores.
El informe anual 2020 del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) apunta a volver a poner en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras. No sólo a partir de sistematizar el impacto de la crisis en el empleo y los salarios, sino principalmente a partir de resaltar cómo el conflicto y la negociación colectiva continuaron siendo mecanismos de acción y organización que dan cuenta de una vitalidad que aún se encuentra presente pese a los obstáculos que crecientemente se vienen acumulando desde hace casi una década.
EL INFORME COMPLETO:
Informe anual Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo
