Ingresó el proyecto de ley para que internet se declare servicio público

Para así terminar con la desigualdad en términos de conectividad. Lo impulsó el Presidente de la Nación y ya se presentó en la Cámara Alta.

Hace unos días, el Presidente de la Nación dijo públicamente que tiene como objetivo que el internet sea un servicio público para así terminar con la desigualdad en términos de conectividad. Sus dichos generaron la queja del sector privado que quiere continuar con los privilegios tendiendo al monopolio en la Argentina, salieron fuertemente a operar con medios y periodistas pagos contra la iniciativa de Alberto Fernandez.

Aún así, en las últimas horas ingresó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para que ese servicio sea declarado como un bien público.

“Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar”, expresó Alberto Fernández el pasado martes en un acto en Tecnópolis.

Ya el año pasado, en medio de la crisis por la pandemia, Alberto Fernández declaró por decreto como servicios públicos a la telefonía, internet, y la televisión paga; lo que provocó una fuerte oposición de las grandes empresas que maneja el sector, como el grupo Clarín -que fue beneficiado por el macrismo durante ese gobierno entre 2015 y 2019-.

Ahora, el senador Alfredo Luenzo -que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara Alta- decidió presentar el proyecto de ley en cuestión.

Luenzo expresó su intención de “acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el Presidente de avanzar en declarar a internet como un servicio esencial público” y en ese sentido agregó que eso “se va a ver traducido con la presentación de un proyecto de ley”.

“Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el Presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto; y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina”, dijo el legislador durante una reunión de la comisión que preside.

“El proyecto está redactado en espejo con el 690. No nos vamos a apartar de ese criterio. La idea es que salga por ley para que no sea objetado ante la Justicia como lo fue el decreto”, aseguró luego en declaraciones periodísticas.

El senador Luenzo ponderó las palabras de Fernández luego de lamentar que el decreto 690 “no alcanzó”, debido a que “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.

Sucede que el decreto 690 -que declaró como servicios públicos no sólo a internet, a la televisión por cable y la telefonía móvil y fija; y por lo tanto le daba al Estado la potestad de fijar tarifas- fue suspendido por la Cámara en lo  Contencioso Administrativo Federal que dio curso a un recurso de amparo solicitado por Telecom (comprada por el Grupo Clarín durante el gobierno de Macri).

Ese DNU que suspendieron los camaristas había sido dictado el 21 de agosto del año pasado, cuando se atravesaba la primera ola de la pandemia del coronavirus Covid-19; y declaraba “servicios públicos esenciales y estratégicos” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. Además, obligaba a las compañías a brindar una prestación básica y universal a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, entre otros.

“La Capital vive una situación natural en su relación con internet, pero esta no es la situación que se vive en el interior”, afirmó Luenzo. “La brecha digital es alarmante en el interior; hay provincias como Formosa donde el 30% tiene acceso a la conectividad, en provincias de la Patagonia es del 40, 50%. Esto implica estar excluidos del sistema”, agregó.

En ese sentido, dijo que las tarifas de internet en el interior del país “hacen inaccesible poder tener conectividad”.

Fundamentos:

“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, argumentó Luenzo en su presentación.

Además, menciona que “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital”.

Por otro lado, el proyecto establece que “los licenciatarios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

“Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta”, continúa la iniciativa.

Asimismo, deja en manos de la autoridad de aplicación la “reglamentación” de “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.-

 

Fuente: Congreso