La culpa no es suya sino de quien le da de comer

En la Reforma Penal los coherentes son Zaffaroni y la Presidente.

Sergio Massa y sus aliados radicales y del PRO van y vienen en materia penal, aunque por lo general con línea de «mano dura».Raúl Zaffaroni y Cristina Fernández, en cambio, han sido pro-reformistas del Código Penal desde hace años.

Por Emilio Marín (LA ARENA)

El candidato presidenciable Sergio Massa vio en la reforma al Código Penal la oportunidad para recuperar el protagonismo que se le venía diluyendo desde su triunfo bonaerense en las legislativas de octubre pasado. Se lanzó con la escasa sabiduría jurídica del seudo ingeniero Blumberg, asegurando que el gobierno quiere liberar a miles de presos con una gran «puerta giratoria» y bajar las condenas a la mayoría de los delitos.

Su idea, poco moral, es que la gente asustada, poco racional bajo el impacto del miedo, lo tome como salvador y lo vote como presidente. El diputado por el Frente Renovador propuso una consulta popular para impedir esa reforma, asegurando que reunirá 5 millones de firmas para sepultarla, bien muerta.

Esa jugada puede ser válida en política, para posicionarse y juntar votos, pero en lo jurídico sería nula. Y se está hablando de temas legales, precisamente. El domingo en Página/12, Horacio Verbitsky citó que la reforma constitucional de 1994, que planteó dichas consultas populares, excluyó de éstas a las leyes penales. El ex presidente Raúl Alfonsín había dicho que bajo el impacto de los medios monopólicos la opinión pública podía llegar a votar la pena de muerte para un delito. Y no se equivocaba. Se estaba anticipando en exactamente diez años al fenómeno Blumberg y sus recetas simplistas y ultras, de «mano durísima» y aún el «meta bala» para lograr la anhelada seguridad.

La poco especializada en derecho y referente del massismo en Diputados, Graciela Camaño, aseguró que del artículo 40 de la Constitución Nacional no surge que tal consulta no pueda hacerse. Especialistas en derecho como Carlos León Arslanián le respondieron que se puede hacer una consulta para ver si una ley es conveniente o no, pero no corresponde el mecanismo para oponerse a un proyecto de ley. En fin, cuestiones algo áridas para los no conocedores del derecho pero que son el ABC para quienes quieren legislar sobre el particular. Camaño ratifica con su supina ignorancia que está más cerca de la especialista en dar sin aviso cachetadas a legisladores adversarios que a participar de un debate en asuntos penales. La culpa no es suya sino de quien le da de comer.

Si Massa no quiere atender las razones expuestas por Verbitsky, que lea lo que escribió su amigo Joaquín Morales Solá, otro cruzado contrarreforma, en «La Nación» del domingo 9: «Massa propone ahora una consulta popular sobre la reforma del Código Penal. La idea es inconstitucional. La Constitución prohíbe las consultas populares para estos asuntos». Touché, Massa.

Demagogia pura

Las objeciones del líder «renovador» (comillas porque se niega a debatir para renovar un Código Penal que ya sopló 93 velitas) podrían ser, en todo caso, pertinentes. Pero para ello debería haber aguardado a que la presidenta de la Nación -que recibió el anteproyecto de la Comisión Redactora el pasado 13 de febrero- elevara el proyecto al Congreso, con una redacción precisa. Allí se podría opinar con todo derecho y libertad a favor y en contra de la iniciativa. Lo otro implica abortar ese debate, por parte de quienes en su mayoría -dicho sea de paso- están en contra del derecho al aborto, incluso en los contados casos en que éste es inimputable. Ni hablar de despenalizarlo para que la mujer decida con libertad sobre un asunto tan importante para su vida y su salud, sin injerencia de la Iglesia y sus dogmas…

En un blog que armaron los consejeros del ex intendente de Tigre se asegura que la reforma disminuye la mayoría de las penas. De regreso de Mendoza, adonde aquél fue a juntarse con el poco progresista Julio Cobos, contra la iniciativa, reiteró lo afirmado en ese blog y aseguró que la redacción propuesta por la Comisión baja 146 penas. Esa supuesta estadística no es exacta.

Citando a uno de los especialistas que trabajó en el proyecto, Irina Hauser sostuvo en Página/12 dominical que aquella crítica no es valedera: «Carlés señaló que el texto entregado a Cristina Kirchner reduce penas de 116 delitos, incluye 85 tipos penales nuevos, despenaliza 17 conductas, pero aumenta las penas de 159 delitos».

Si el massismo cuestionara a Hauser y el diario citado por «filo oficialistas», ¿qué dirá de Paz Rodríguez Niell, en «La Nación» de ayer lunes 10, sobre el mismo tema. «El Código crea 85 tipos penales nuevos y modifica los castigos de casi 300 conductas. Son más las penas que suben que las que bajan (del total de penas que se modifican, 58% suben y 42% bajan), dicen los autores del proyecto», escribió en un medio tan poco afecto al gobierno como «Gaceta Ganadera».

La prevista baja en ciertos delitos no es sinónimo de abolicionismo sino de una articulación entre los diversos delitos y sus respectivos castigos. El robo con armas de un automotor no podía tener más pena que un homicidio. El valor supremo a preservar es la vida humana, no ciertos bienes. Con ese criterio, humanista, la reforma elimina la prisión perpetua y pone como techo efectivo los 30 años de cárcel para los delitos más graves como el genocidio. Si ese es el límite superior, suena razonable que se reacomoden los demás castigos para violaciones inferiores a la ley. Treinta años para casi todos los delitos es una brutalidad, aún para un poco aventajado alumno del curso de ingreso a Derecho.

¿Massa o Macri?

Las imputaciones de que la reforma bajaría casi todas las penas, faltan a la verdad. Y tal falsificación se hace más gruesa cuando se incluye otra omisión massista: las penas que se prevé reducir tendrán un mayor cumplimiento que en la actualidad.

Es que cuando los condenados puedan pedir la excarcelación al cumplir en algunos casos la mitad o dos terceras partes de la pena, el resto que les falte no dará lugar a una simple concurrencia a firmar una planilla ni con el Patronato de Liberados (que Arslanián recordó no es una entidad pública). Tendrán que cumplir detención domiciliaria, trabajo comunitario, multas u otras modalidades, hasta el total de la condena. Eso, evidentemente, no es abolicionismo sino, en todo caso, menores penas pero de mayor cumplimiento.

¿Quién es la musa inspiradora de la campaña opositora contra la reforma penal? En cuanto a los antecedentes de una década, no cabe duda que es el citado Blumberg. Fue el mascarón de proa: detrás suyo marcharon muchos defensores de los militares y civiles acusados de delitos contra los derechos humanos, políticos derechosos de varios partidos (incluidos del duhaldismo y el sciolismo, además de Carlos Ruckauf dentro del PJ), policías corruptos y entidades que ganan mucho dinero con estas campañas represivas, como el Manhattan Institute ligado a los republicanos de Nueva York.

Más difícil es la evaluación de quién es el dirigente principal que quiere tumbar la reforma. En lo inmediato no caben dudas de que es Massa, quien ocupó el centro del ring y empezó a los sopapos en vez de debatir, asegurando que Cristina va a liberar a muchos reos y condenados.

Sin embargo Macri bien podría discutirle el copyright. El 29 de agosto de 2006, «La Nación» informaba que «el diputado nacional Mauricio Macri advirtió ayer que, de prosperar la reforma del Código Penal que impulsaba el Gobierno, ‘van a soltar 20.000 presos a la calle’ y que nosotros estamos encerrados detrás de las rejas y los delincuentes libres». Continuaba esa crónica: «la actividad de Macri sirvió de hecho para reforzar una consulta popular de Pro sobre la reforma del Código Penal. Los transeúntes eran invitados a votar por sí o por no a un conjunto de propuestas como ‘reducir las penas para delitos como la violación, secuestro y narcotráfico’ o ‘no considerar la corrupción de menores y la asociación ilícita como delitos'».

Uno dice que soltarán 17.000 y otro habla de 20.000. La política derechosa no es una ciencia exacta.

La mala política

Otra de las acusaciones en contra del cambio del Código Penal es que llega sobre el final del gobierno de CFK. El argumento es falso, no en cuanto al próximo cierre de esa gestión sino en el sentido que es empleado. Ya en 2006, durante la presidencia de Kirchner, se creó una Comisión Redactora integrada por especialistas como el profesor de la UBA David Baigún, Carlos Chiara Díaz, del TSJ de Entre Ríos; Daniel Erbetta, Alejandro Slokar y otros que según Zaffaroni eran los mejores del rubro. En septiembre de ese año el proyecto fue puesto en manos del ministro de Justicia Alberto Iribarne, quien lo cajoneó por razones políticas. El y Kirchner temían a Blumberg, que llenaba la Plaza de Mayo, a la oposición y a la Iglesia (la iniciativa contemplaba el aborto en las primeras semanas de gestación).

Erbetta reflexionó: «en vez de reconocer el fracaso de sus propias propuestas, que el Congreso receptó casi íntegramente en 2004, Blumberg sigue pidiendo más violencia.¿Qué más quieren? Lo único que queda después de 50 años de cárcel es la tortura».

Esa reforma era buena pero murió antes de nacer. Ojalá no ocurra lo mismo con la actual. Que no la mate la mala política, esa que convierte a los enanos fascistas que todos llevan adentro en un lungo de 2 metros de la NBA.-