La Defensora Buira hizo pública su sororidad con Sonia Escudero, denunciada por un juez

08/08/2021 | Revista Norte

«Ataque a la libertad de expresión» y «violencia de género» del juez Martini contra Escudero.

Sonia Escudero fue demandada por el juez Luciano Martini por calumnias e injurias, daños y perjuicios. Fue por la opinión que, la hoy candidata a Convencional Constituyente, publicó sobre el caso en el que el mismo magistrado decidió apartar a la fiscal  de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, de la causa por la que se imputó al cuestionado comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní en la que tiene que responder por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas.

Así es que, por las consideraciones con que Escudero cuestionó las actuaciones del juez Martini, éste terminó demandándola por 5 millones de pesos, con el pedido de embargo de sus propiedades y la prohibición de salir del país.

En defensa de Escudero, la Dra. Natalia Buira resaltó -en un durísimo comunicado- el sesgo machista de la denuncia de Martini; y fundamenta el grave avance contra la libertad de expresión de «voces críticas» contra el poder judicial patriarcal salteño.

Esta columna es para expresar mi solidaridad y mi sororidad con la Dra. Sonia Margarita Escudero, senadora nacional (MC) en estos días en que el juez penal Luciano Martini usando espuriamente el derecho penal la ha hostigado judicialmente en un claro intento de acallar su voz crítica y cívica alzada para denunciar públicamente el grave deterioro del funcionamiento judicial.

Es de esperar que el Ministerio Público Fiscal esté a la altura de las circunstancias y desestime liminarmente la denuncia interpuesta contra la Dra. Escudero ya que todos los ciudadanos advertimos que se trata de silenciar una de las voces femeninas críticas, más claras, precisas y documentadas de la Provincia en su análisis del poder judicial salteño.

Mi experiencia personal me indica que hay motivos justificados para pensar que la denuncia del juez Martini será desestimada in límine, ya que existen fiscales honorables.

En el año 2016 la entonces Defensora General de la Provincia Dra. María Inés Diez me denunció penalmente por alzar mi voz crítica mediante una columna en el diario El Tribuno contra numerosos nombramientos irregulares efectuados por la misma en el ámbito de la Defensoría General. En dicha denuncia fue mi defensor el Dr. Pedro García Castiella, actual Defensor General de la Provincia. Frente a tamaña vulneración del derecho a la libertad de expresión, primero la entonces Fiscal Dra. Romero Nayar desestimó la denuncia, desestimación que fue confirmada por el Fiscal de Impugnación Dr. Villalba Ovejero, quien en un pormenorizado y notable pronunciamiento garantizó el derecho a la libertad de expresión.

No existe motivo alguno legal para que la presente denuncia tenga un destino diferente y si así fuere bastaría con invocar el derecho a no ser discriminada y a recibir igual tratamiento ante la ley que el citado precedente jurisprudencial.

La gravedad de esta denuncia del juez Martini está en que evidencia con mayor claridad y certeza que todo lo criticado por la Dra. Escudero en cuanto al funcionamiento judicial es cierto y veraz, de allí el intento de disciplinarla en el silencio.

Valga aquí, una precisa mención sobre la violencia de género. El patriarcado y en este caso el patriarcado judicial no tolera las voces críticas femeninas. El dicho popular “calladita te vez más bonita” lo demuestra y lo muestran también poetas como el chileno Pablo Neruda, cuya poesía está siendo revisionada con una mirada de género, basta recordar su conocido poema 15 donde expresa: “Me gusta cuando callas porque estás como ausente”.

Esto es precisamente lo que busca la ira narcisista y oportunista (con oportunidad de las elecciones a convencionales constituyentes) del Dr. Martini: acallar a la Dra. Escudero en sus críticas al funcionamiento judicial , persigue que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de la misma sean aniquilados, queden ausentes.

La denuncia del juez Martini es un intento de censura cruel a la Dra. Escudero, intento que se impone y proviene de un pensamiento y un accionar propio de una prevaritocracia; ya que un juez no debe actuar con plena conciencia de la injusticia de su accionar en contra de la ley y la ley suprema que es nuestra Constitución Nacional y también la Provincial garantizan el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de todo ciudadano.

El sesgo de género se puede ver claramente en que han sido mucho los ciudadanos que públicamente por distintos medios de comunicación han expresado el mismo pensamiento que la Dra. Escudero en cuanto al frustrado intento de la Asociación de Jueces (creada a instancias del Dr. Martini entre otros y primer presidente de la misma) de modificar la carta magna provincial mediante una acción de inconstitucionalidad violando claramente la Constitución Provincial que solo admite su modificación por una Convención Constituyente; entre esas voces masculinas se encuentran abogados prestigiosos como los dres. Santos Jacinto Dávalos, Alejandro Saravia ( ex fiscal de Corte), Armando Caro Figueroa, y muchas más pero no es a ninguna de estas voces masculinas a las que se dirige el hostigamiento judicial del juez Martini.

Si se trata de las opiniones de la Dra. Escudero respecto del femicidio de las jóvenes francesas y que plasmó en el excelente y documentado libro “Víctimas de la justicia patriarcal. El caso de Salta”, femicidio en que intervino el juez Martini como uno de los dos integrantes del tribunal de impugnación que conoció en el caso, no se comprende sino es a través de una perspectiva de género porque no denunció también a las voces masculinas con similares opiniones que la Dra. Escudero, por citar solo a algunas de ellas: el periodista francés Jean- Charles Chatard que escribió el libro “Francesas. Autopsia de un doble asesinato”, el propio padre de una de las víctimas el Sr. Jean Michael Bouvier e inclusive el juez Carlos Pucheta, ya fallecido, que dijo especialmente en una entrevista que quedó grabada : “porque le puedo asegurar que nuestra justicia no es independiente” referido al tratamiento judicial de dicho femicidio, o las columnas que al respecto de dicho caso judicial ha publicado el Dr. Luis Caro Figueroa en el diario digital Iruya.com.

A ninguno de los portadores de estas mismas voces críticas que la Dra. Escudero se le ha realizado tal hostigamiento como es denunciarlos penalmente y saben por qué. Porque son voces masculinas y en el patriarcado judicial se hostiga a las mujeres.

La prevaritocracia a la que aludí también se expresa en un accionar violento : hostigamiento judicial a sabiendas y con conciencia que se dirige a una voz femenina cívica y crítica del funcionamiento judicial, y ello entraña la violación a la ley suprema que otorga jerarquía constitucional a la Convención CEDAW y a la Convención de Belèm do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El sesgo machista y de violencia de género que posee este accionar del juez Martini ha quedado en evidencia al pretender silenciar una voz femenina crítica, cívica y documentada.

Un juez debe ser capaz de sostener sus fallos y su accionar sin hacer persecuciones y debe tener la suficiente inteligencia emocional para aceptar el disenso, propio de un sistema democrático. Un juzgador debe tener empatía con la ciudadanía aún con la disidente con su pensamiento.

En plena democracia donde se avanza cada vez más afortunadamente en la perspectiva de género un juez no puede pretender avasallar uno de los pilares de esa democracia cual es la libertad de pensamiento y expresión utilizando de modo espurio las instituciones judiciales para cancelar derechos de los ciudadanos, sin que pensemos en la Policía del Pensamiento y en la quema de libros del muy famosa y muy actual novela distópica “1984” de George Orwell la cual describe un estado totalitario.

Natalia Buira, Master en Derechos Fundamentales

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