La justicia laboral rechazó la apelación que había presentado el Ejecutivo nacional sobre el DNU

Se ratifica la inconstitucionalidad del DNU 70 de Milei respecto a lo laboral.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de 1ra. instancia del Juzgado Nacional del Trabajo Nro 8 de Capital Federal y confirmó íntegramente el fallo impugnado ratificando la inconstitucionalidad de los artículos 86, 87, 88 y 97 del ‘Mega DNU’ sancionado en diciembre pasado.

Tras conocer la nueva decisión judicial, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel celebró la resolución de la justicia que descartó la apelación presentada por el Gobierno nacional y ratificó la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 sancionado por Javier Milei. De este modo, la educación no será esencial y tampoco se limitará el derecho a huelga.

“Este es un triunfo importantísimo porque defiende los derechos emanados de la Constitución Nacional y de tratados internacionales”, destacaron desde la organización sindical que también convocó a los gremios adherido a tomar las medidas convenientes para defender el salario y las condiciones de vida.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de 1ra. instancia del Juzgado Nacional del Trabajo Nro 8 de Capital Federal y confirmó íntegramente el fallo impugnado ratificando la inconstitucionalidad de los artículos 86, 87, 88 y 97 del ‘Mega DNU’ sancionado en diciembre pasado.

De este modo, las normas no podrán ser aplicables a los trabajadores de la educación, a sabiendas de que coartan la libertad sindical en materia de realización de asambleas, derecho a la negociación colectiva y que cercena hasta destruirlo el legítimo ejercicio del derecho de huelga. “La educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga”, definieron.

Además, criticaron a la actual gestión por sus “conductas persecutorias de notoria ilegalidad y desconocimiento de la normativa vigente”, las cuales “perjudican y empujan al abismo a los docentes de todas las provincias al ver cercenados en forma arbitraria sus remuneraciones, entre otros daños ocasionados por la implementación de políticas agresivas y regresivas”.