La Justicia le prohíbe a Bullrich dirigir operativos en las manifestaciones de la Ciudad

Fallo sobre la criminalización de la protesta impulsado por la CGT y la UTEP. “La Justicia le pone límites a la brutal política represiva”, enfatizaron desde la central sindical.

La Justicia ordenó restringir la intervención de fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal en manifestaciones que tengan lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fallo de la Justicia también ratificó la competencia exclusiva de la Policía de la Ciudad en materia de seguridad local durante las movilizaciones.

“El fallo hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la CGT y ratifica que el distrito porteño posee plena competencia en materia de seguridad dentro de su jurisdicción”, señalaron desde la central sindical a través de un comunicado difundido por el Consejo Directivo Nacional.

La CGT señaló que “la Justicia le pone límites a la brutal política represiva” que se venía aplicando desde el gobierno nacional en el marco de las protestas sociales. Según el fallo, la Policía de la Ciudad será la única fuerza con responsabilidad operativa primaria tanto en calles como en plazas y accesos cercanos al Congreso Nacional.

Además, se establece que las fuerzas federales sólo podrán intervenir si son solicitadas formalmente por autoridades locales o si existe una coordinación expresa entre jurisdicciones. “Se prohíbe cualquier despliegue unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación u otros organismos federales”, remarcan.

Desde la CGT subrayaron también que el Congreso Nacional conserva su autoridad solo dentro de sus edificios pero no tiene control sobre el espacio público que los rodea, el cual “permanece bajo control de la ciudad”.

La central obrera consideró que esta sentencia “establece un marco normativo claro que debe guiar la planificación y ejecución de manifestaciones” y llamó a las autoridades a “actuar con responsabilidad institucional”.

“Advertimos que deben evitarse prácticas de criminalización de la protesta y garantizarse el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino”, concluyó el comunicado.