Lara Gros no quiere dar a conocer sus Declaraciones Juradas

El intendente de Pichanal, Julio Jalit, no es el único jefe comunal de Orán que desconoce el mandato constitucional que impone a los funcionarios públicos el deber de declarar sus bienes, como norma de transparencia dispuesta contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

La revista norteña Estado de Cosas advirtió que el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Marcelo Lara Gros, dejó sin efecto una ordenanza que lo obligaba a él y a otros funcionarios de ese Municipio a presentar y mantener debidamente actualizadas sus declaraciones juradas patrimoniales.

En su último número, la publicación de la periodista Silvana Brezina insistió en los cuestionamientos que formuló la Auditoría General de la Provincia contra la resolución 5507/10, con la que Lara Gros desactivó la ordenanza 1735/10.

Al respecto, en un informe que aprobó en marzo último, la Auditoría ratificó que, al aprobar la ordenanza atacada, «el Concejo Deliberante actuó dentro de su competencia» y que, con su controvertida resolución, el intendente de Orán «privó al ciudadano de contar con una importante herramienta a fin de controlar la evolución patrimonial de sus funcionarios y dar cumplimiento a los principios constitucionales de sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos».

El deber de los funcionarios de declarar sus patrimonios al inicio y final de cada mandato o cargo está establecido en el artículo 63 de la Constitución de Salta, la ley provincial 6547 y el artículo 37 de la carta orgánica del Municipio de Orán, donde Lara Gros y funcionarios que lo acompañaron desde las primeras horas como intendente tienen pendientes de resolución denuncias por presuntos incumplimientos de deberes, malversación y enriquecimiento ilícito.