Las condenas por la causa IFE en Salta

MÁS DE 50 POLÍTICOS INVESTIGADOS 

Políticos y funcionarios fueron condenados por estafas con el IFE, por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público. Prisión, trabajos comunitarios, inhabilitaciones. Las condenas.

El escándalo de los políticos salteños que intentaron cobrar la ayuda de emergencia de 10 mil pesos (IFE) destinada para desocupados, monotributistas de las categorías más bajas y personas vulnerables ante la cuarentena estricta por la pandemia.

La Justicia Federal por defraudación condenó a políticos y funcionarios de distintos partidos y distritos de toda la provincia que fueron juzgados por estafas con el IFE, el plan de ingresos para los más vulnerables que aplicó el gobierno nacional con el fin de contener la situación social durante la cuarentena por el coronavirus en 2020.

Dos funcionarios ya fueron condenados el año pasado y no pueden ejercer cargos públicos.

Del total de imputados en el marco del juicio oral por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE),30 casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17, a través de conciliaciones, lo que equivale a 47 acuerdos a través de medidas alternativas de resolución de conflicto, las cuales dejaron un saldo de $1.559.000 en donaciones por parte de los apuntados, que se destinaron a 45 entidades de bien público.

Además, se establecieron 3.694 horas de trabajos comunitarios por parte de los concejales que adhirieron a estas medidas, incluso 28 de ellos acordaron auto inhabilitarse para participar como candidatos en dos periodos electorales.

En tanto, ayer, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, condenó a cinco concejales de distintas localidades del interior de la provincia a penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos

Las condenas fueron para Paola Cantarella, Jesús Cuéllar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas, por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público. Cantarella y Cuéllar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, el ex concejal de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. Toranzos había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación.

Mientras que Nicolasa Maras, concejala de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

También se absolvió a otros tres concejales, Santos Palma y Julio Pedro Laxi -de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte- por pedido de la fiscalía, que los había imputado inicialmente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. El tercero, Héctor Sebastián Cari -concejal de Guachipas-, fue absuelto por el beneficio de la duda. La fiscalía, que lo había acusado como responsable de defraudación, evalúa recurrir la decisión.-