Los 14 miembros del directorio de Vicentin fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos

Claudio Lozano: “No hay razón para que la causa se resuelva a contramano de los intereses de la sociedad”.

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, destacó la imputación de los 14 miembros del directorio de la cerealera y apuntó a la responsabilidad de los ex directivos de la entidad oficial. Además, se refirió a la posibilidad de que el Estado tome las riendas de la empresa agroexportadora.

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin fueron imputados el martes por estafa, defraudación y balances falsos por el Fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá la prisión preventiva de algunos acusados en la próxima audiencia fijada para el próximo jueves. “Si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”, señaló.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

“Nos vamos acercando cada vez más a la justicia y a terminar de cierta manera con la impunidad con la que se manejan ciertos grupos empresarios“, sostuvo el director del Banco Nación, Claudio Lozano, principal impulsor de la investigación, en comunicación con Canal Abierto Radio. “Esta causa tiene todas las virtudes que no tiene el concurso de acreedores que tramita en el terreno comercial sobre la base de un Juez impresentable, totalmente subordinado a los intereses de la empresa y que ha generado irregularidades brutales en el desarrollo del concurso”, remarcó el economista apuntando al Juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Entre las críticas que le realizó al Magistrado, Lozano destacó que no “asumió nunca que Vicentin es parte del grupo empresario Vicentin Family Group con sede en el Uruguay, y no toma en cuenta que estamos hablando de un grupo empresario que consumó una maniobra de vaciamiento llevada adelante desde el 2012 concentrando gran parte de su estructura patrimonial en Uruguay y dejando concentradas sus deudas en Argentina“. Y señaló que “consecuentemente por esa vía se generó una situación de defalco y de cese de pagos dejando colgados del pincel a prácticamente la mitad de sus acreedores”.

Por eso, el candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos celebró la imputación del directorio: “Esto es una muy buena noticia porque se avanzó en la identificación de la estafa”.

“Creo que esto le va a poner un límite a que el concurso siga avanzando sin incorporar estos elementos a la discusión”, consideró el director del Banco Nación, uno de los principales acreedores de la empresa que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior. “Lo que ocurrió con los créditos de Nación fue con clara connivencia de quienes gestionaban el Banco, que era el directorio a cargo de Javier González Fraga. Espero que esta definición de estafa en Santa Fe impacte en la causa sobre la que somos querellantes en Comodoro Py y que involucra no solo los directivos de la empresa, sino también el directorio anterior del Banco de la Nación”, sugirió Lozano.

“Le hemos entregado a la Justicia penal, al fiscal Gerardo Pollicita el sumario interno con el descargo de los responsables de las gerencias que intervinieron en el crédito. También los descargos del gerente zonal, de la sucursal y funcionarios por debajo de las gerencias. Ahí aparece un material sumamente rico para ver con claridad lo que terminaba resolviendo esta cuestión que era la superioridad del Banco, o sea el directorio. Ahí tienen elementos el Juez y el Fiscal para avanzar en la causa penal”, indicó.

A su vez, planteó “la posibilidad de que exista una política por parte del Estado dirigida a tomar cartas en este asunto” para que la situación no se encamine hacia “mayores niveles de concentración y extranjerización del nivel de granos”. “En mi opinión -detalló Lozano- la empresa tiene que tener continuidad sin caer en manos que concentren o extranjericen aun mas el negocio. Lo ideal sería que podamos darle forma a una empresa testigo del comercio exterior de granos que nos sirva para defender los dólares que Argentina necesita. Este es un comercio opaco en el cual funciona una suerte de triangulación entre Argentina, Paraguay y Uruguay que permanentemente nos hace perder aproximadamente un 20% de nuestras exportaciones anuales y también una parte importante de la recaudación aduanera que podríamos obtener”.

En esta línea, destacó la viabilidad de la empresa aclarando que “no está en esta situación porque el negocio de la molienda de soja y su exportación desapareció”, y que eso debe ser aprovechado por el Estado para «invertir» y “discutir con las diferentes cooperativas que han sido esquilmadas por Vicentin y con los diferentes productores para ver qué posibilidades hay de alcanzar las mayorías necesarias para poder quedarse con la empresa y que tenga presencia estatal y privada”.

“Hay capacidad de financiar a los productores para que provean de materia prima a la empresa que existe y puede funcionar con la capacidad de devolver las deudas que tiene. No hay razón para que dejemos que esto se resuelva a contramano de los intereses de la sociedad argentina“, manifestó el economista.

En este sentido, planteó que “se requiere una estrategia activa. Hay que pensar una política pública que involucre la discusión del comercio internacional de granos y la importancia que puede tener un elemento de regulación en un ámbito donde no hay ninguno”. Y sostuvo que “el tema del comercio exterior involucra todo un conjunto de cuestiones indispensables para tener un conjunto de herramientas que permitan administrar en favor de los intereses nacionales”.

“Una de ellas es el ferrocarril, que es privado, los puertos públicos están concesionados, han ganado espacio los puertos privados dentro del proceso exportador, por otro lado antes teníamos flota y ahora no. Ha habido una concesión de las vías navegables internas donde el control del Estado también desapareció, esto tiene que ver con la hidrovía y con todos los elementos que ahí se juegan porque no sólo está el control sino del tipo de dragado que han hecho y el impacto ambiental que ha tenido sobre Río Paraná. A todo esto, se suma que no está integrado el puerto de Rosario con el resto de los puertos de la Argentina: el comercio argentino sale por aguas extranjeras vía Uruguay”, enumeró Lozano para dar cuenta “que hay toda una triangulación que involucra a las exportadoras de cereales que genera pérdida de recaudación aduanera y de divisas para la Argentina”.

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Fuente: Canal Abierto