Macri fue imputado por el espionaje ilegal y sistemático de aliados y opositores

Macri es el responsable y beneficiario de la inteligencia ilegal durante su gobierno, argumentó el fiscal interviniente en la causa. Cómo y con qué fines aprovechó la estructura estatal para espiar a propios y ajenos, y por qué la causa cuenta con un blindaje mediático y judicial.

“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el esquema organizado (de espionaje ilegal) a quien era el superior inmediato de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el entonces presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri”.

El fiscal federal Franco Picardi tradujo así lo que es evidente, incluso desde el punto de vista ilegal. La inteligencia en la Argentina depende exclusivamente del Presidente de la Nación. Los funcionarios que designa al frente de los organismos de inteligencia son sus delegados, pero la responsabilidad en el diseño de las políticas y en su ejecución le corresponde al jefe del Estado de manera excluyente.

Pese a las maniobras para llevar los expedientes al refugio judicial de Comodoro Py, a los esfuerzos por justificar en “razones de seguridad” los seguimientos a viudas, madres y novias de los submarinistas del ARA San Juan y la ridícula teoría de los “cuentapropistas” que burlaron a toda la cadena de responsabilidades para hacer negocios personales sin que nadie en la AFI se percatara de ello, la tautología se impuso por la propia fuerza de la obviedad.

Macri es sindicado por el fiscal Picardi como el responsable y el beneficiario de la inteligencia ilegal durante su gobierno. El dictamen de 31 páginas que firmó Picardi lo sindica directamente a él, “así como a las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.  

Son más de tres personas; tienen una estructura jerárquica con roles claramente asignados; hay un jefe, organizadores y ejecutantes; tuvo cuatro años de permanencia en el tiempo y cometió múltiples delitos. Si se busca un caso de manual de asociación ilícita, he aquí un buen ejemplo para estudiar en cualquier facultad de Derecho. 

A Picardi le tocará ahora afrontar los denuestos. Grandes medios de comunicación, comunicadores “independientes”, dirigentes políticos y figurones variopintos se arrojarán sobre la granada para amortiguar las esquirlas. Tal vez, incluso, lo consigan.

Pero el documento que firmó el fiscal es demoledor. Tras enunciar una docena de causas de presunto espionaje ilegal desarrollado a lo largo de cuatro años, resalta que “en ese marco legal, se destacan además relaciones directas establecidas en forma concreta entre el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, y los máximos responsables de la AFI, referentes a reposicionamientos institucionales y de las funciones del Organismo, mediante la ampliación de su presupuesto y la modificación de sus capacidades de organización interna”.

El gobierno de Cambiemos regresó al oscurantismo de la central de inteligencia, le devolvió el uso discrecional y fuera de todo control de los “fondos reservados” y aprovechó una estructura pagada por el Estado (“con la nuestra”, como les gusta decir) para beneficiarse política y personalmente.

Así lo dice el fiscal: “Los propósitos de las diversas actividades de inteligencia ilegales desplegadas, y la relación ostensible que se verifica entre ellos e intereses determinados que son directamente reconducibles a Gustavo Arribas y a Mauricio Macri, en forma personal. En esa dirección, lo que exhibe el análisis en profundidad de la actividad desplegada por la AFI en aquel período, es la producción de informaciones que están vinculadas a actividades económicas y electorales de Arribas y Macri”.

Picardi sostuvo que “de la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos, e intereses personales que son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri”. 

El fiscal no se quedó con la investigación. Pudo haberlo hecho, al estilo del difunto Claudio Bonadio con la Causa Cuadernos, pero le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que mande el documento a la Cámara Federal para que, por sorteo, se designe a un juez que lleve la investigación. 

El problema es que ya hay un juez a cargo y es justamente Martínez de Giorgi. Y por encima de él está la Sala de la Cámara Federal que integran dos jueces que fueron colocados allí mediante un decreto por Macri durante su presidencia, y resisten pese a que un fallo de la Corte teñido de un insólito cinismo sostiene que nunca debieron estar allí pero, entretanto, avala que permanezcan.  

Todo está blindado. El dictamen del fiscal Picardi es un mensaje lanzado al océano en una botella. Contarlo, desde este artículo, un insignificante intento para que la botella permanezca a flote y evite el naufragio del maltrecho estado de derecho. 

“Se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal. Esa es la perspectiva de abordaje que impetro”, dijo Picardi. 

“La gran cantidad de denuncias y causas establecidas por presunciones de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de la misma gestión y mandato de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y más importante aún: dados los rasgos llamativa y sospechosamente similares que exhiben entre sí, aunque provienen de fuentes de información diversas y se ciñen a objetos o designios delictivos distintos”. 

Picardi aprovechó la causa por espionaje al Instituto Patria y a la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (cuando ocurrieron los hechos, senadora) para desbaratar el tabicado protector de la docena de causas de espionaje que están pisadas en Comodoro Py 2002. 

“Se investigan distintas facetas de actividades de inteligencia realizadas en presunta contravención a las normas legales que regulan la materia, tanto por agentes orgánicos de la AFI como por sujetos que mantenían relaciones probadas con la estructura del Organismo. Estas pesquisas abarcan un universo variopinto de casos que incluyen actividades de infiltración, monitoreo activo y seguimiento sobre personalidades públicas diversas, en función de sus respectivas pertenencias a ámbitos político-partidarios (de distintos rasgos o signos), sindicales, de organizaciones sociales, también a periodistas en función de trabajos propios de sus actividades, abogados de igual manera, y a personas públicas detenidas en ámbitos carcelarios, entre otros”. 

Por fin, alguien lo dijo. Y lo rescató del olvido artificial al que pretenden sumirlo. –

 

Fuente: Canal Abierto