Mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua en disputa

Abogados Ambientalistas y Greenpeace denunciaron por ilegal el convenio firmado en 2018 por Gerardo Morales y Sergio Bergman que pone en juego parte del parque para la explotación petrolera. La Corte Suprema tratará el reclamo de una “situación violatoria de por lo menos tres leyes”.

La Corte Suprema aceptó tratar un reclamo ambiental por el Parque Nacional Calilegua por el convenio firmado en 2018 por Gerardo Morales y Sergio Bergman –por entonces Secretario de Ambiente de la Nación- que pone en juego mil hectáreas de pozos petroleros.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina promovieron un amparo colectivo contra la Provincia de Jujuy y contra la Administración de Parques Nacionales para que sea declarado “inconstitucional y nulo” el Convenio de Regularización Parque Nacional Calilegua firmado en 2018 por el Gobierno nacional, a cargo de Mauricio Macri, y el provincial, en manos de Gerardo Morales.

El convenio Estado – Nación cuestionado establecía “sin un plazo cierto y determinado, la creación por parte de la Nación de una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de una cierta área del parque mencionado a la provincia”.

“Nos presentamos ante la Corte porque la provincia junto a la Dirección de Parques Nacionales decidió suspender momentáneamente una parte del parque avanzar en la remediación petrolera que hay allí. Estamos hablando de 25 pozos petroleros que históricamente han quedado dentro del parque nacional y que nunca se ha remediado el pasivo ambiental que hay ahí”, informó Hernán Giardini, referente de Greenpeace.

Y agregó: “El tema es que deberían haberse sentarse a remediarlo y hacerse cargo Parques Nacionales, Energía y todos los que estuvieron involucrados, incluso las empresas que estuvieron allí explotando y tuvieron esta desafectación momentánea. En su momento era supuestamente para que la provincia se dedicara a hacerles juicios a las empresas para poder cobrar y con eso remediar. En definitiva eso tampoco avanzó, pero más allá de cómo sería el mecanismo, el punto es que no parece peligroso que en un parque nacional haya un problema de remediación de algún tipo, y que lo primero que se decida sea desafectarlo. En vez de solucionar el problema sacan el parque del problema, en vez de sacar el problema del parque”.

Si bien la medida de desafectar el uso del parque es momentánea, lo  que debe resolverse es qué pasará con la explotación de los pozos petroleros. “Lo que se debe resolver es que siga siendo parque. Según la Ley de Parques Nacionales, su desafectación debería pasar por el Congreso, no resolverse mediante un acuerdo como en este caso entre la Dirección de Parques Nacionales y el gobierno de Jujuy”, señaló Giardini.

En 2014 y 2015, organizaciones como Greenpeace lucharon contra la decisión del entonces gobernador de Jujuy Eduardo Fellner, quien no solo quería consolidar la explotación petrolera, sino ampliarla con nuevos pozos en conjunto con una empresa china. Esto finalmente no pasó.

“Cuando Morales hizo la campaña para ser gobernador, una de sus promesas fue sacar las petroleras del parque. Cuando asume sí sacó una resolución en la que se prohibía la explotación petrolera y que iba a remediar los pozos, pero en el camino su gobierno decidió hacer este convenio y llegar a un acuerdo con las petroleras”, detalló el ambientalista.

A su vez, expresó: “Lo que se buscaba en su momento es que las petroleras sigan explotando y al mismo tiempo, cada tanto, iban preparando algún pozo. De por sí que ya haya explotación dentro de un parque nacional viola la ley, e inclusive la propia ley de hidrocarburos que no permite hacer explotación petrolera dentro de reservas. Esta situación es violatoria de por lo menos tres leyes”.

Hoy, tanto Abogados Laboralistas como Greenpeace esperan que la Corte falle a favor de su denuncia. “Si la Corte llegara a convalidar esto, mañana cualquier parque nacional va a poder ser desafectado por alguna provincia. La Dirección podría juntarse con algún gobierno y decidir que el Parque Nacional de Glaciares no es más parque nacional porque adentro hay demasiados locales turísticos y eso no es compatible. Podría haber muchas excusas para desafectar parques nacionales por una decisión completamente arbitraria porque hoy la creación de áreas protegidas está en función del Congreso”, sostuvo Giardini.

Lo que genera preocupación son los tiempos que la Corte pueda tomarse para llegar a una definición. “No tiene un plazo para definir. Los que sí tienen 30 días son los organismos del Estado, sobre todo Parques, el gobierno de Jujuy y el Ministerio de Energía, para explicarle a la Corte esto que estamos denunciando como ilegítimo. Ya de por sí retroceder en la protección ambiental es algo ilegítimo”, finalizó el referente de Greenpeace.-

Fuente: Canal Abierto