Organizaciones originarias y sociales una vez más perseguidos por el poder en Jujuy

Cédulas judiciales comenzaron a llegar contra dirigentes.  Curiosamente sucede tras la multitudinaria manifestación del 15 de diciembre en San Salvador de Jujuy.

Las organizaciones convocaron a conferencia de prensa para el miércoles a horas 10:00 en Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Días atrás comenzaron a llegar cédulas judiciales a las casas de compañeros y compañeras de la provincia de Jujuy, intimándolos a notificarse de que se hallan en falta contravencional por las marchas y movilizaciones que se realizaron en diciembre pasado.

Este claro intento de intimidación, que profundiza la criminalización de la protesta social en la provincia, está dirigido a militantes y dirigentes del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, la CTA Autónoma, el MAP y la FeNaT-CTAA, entre otras organizaciones. Curiosamente sucede tras la multitudinaria manifestación del 15 de diciembre en San Salvador de Jujuy, cuando el gobierno provincial había por fin empezado a cumplir el compromiso de conformar una mesa de diálogo que gestione los reclamos de las organizaciones populares. Sin embargo, con el Poder Judicial nuevamente persiguiendo a los que reclaman y convertido en la herramienta de Gerardo Morales para el disciplinamiento social y político, las conversaciones se encuentran estancadas y se vislumbra un fuerte plan de lucha.

Jorge Angulo, uno de los referentes imputados y Coordinador del Consejo Llankaj Maki, desmiente la acusaciones y explica: “Nosotros rechazamos absolutamente que hayamos violado las normas sanitarias o impedido la circulación pública. En la jornada del 15 de diciembre marchamos más de 7.000 personas a la casa de gobierno y en ningún momento hicimos cortes totales y siempre cumplimos con el distanciamiento físico». El dirigente acusa claramente a Morales de manipular al poder judicial y afirma que en vez de respuestas intenta el amedrentamiento ya que «Las reuniones con los funcionarios provinciales se vienen poniendo tensas por nuestras demandas: Además del reclamo de 10.000 puestos de trabajo y el reconocimiento de los comedores y merenderos, estamos planteando muy fuerte la necesidad de implementar proyectos que hagan viable el acceso a la tierra, tanto para producir como para construir viviendas para los hermanos y hermanas. El tema de la tierra, sea rural o sea urbana, genera reacciones muy violentas”, concluyó el referente de los pueblos originarios.

En tanto definen futuras acciones, las organizaciones populares hicieron circular un comunicado exigiendo: El fin de la criminalización de la protesta; el cese inmediato de la persecución a las organizaciones y a sus dirigentes; el restablecimiento de la división de poderes en Jujuy y la inmediata finalización de los desalojos a las comunidades indígenas preexistentes.

Las organizaciones de los pueblos originarios y sociales criminalizadas, junto a un conjunto de personalidades y defensores de derechos humanos, convocaron a conferencia de prensa para el miércoles a las 10 horas en Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy, en dónde harán pública la denuncia.