Amnistía Internacional manifiesta preocupación respecto a la modificación de la política migratoria efectuada por medio del decreto 70/2017 y llama la atención sobre el impacto que dicho cambio genera en materia de derechos humanos.
Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina.
Pese a que los Estados se reservan la potestad de aplicar las normas que consideren en materia migratoria, no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera que reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error.
En su último examen sobre Argentina a fines de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU mostró inquietud por la discriminación de los migrantes y el aumento de órdenes de expulsión ocurridas en nuestro país a la vez que llamó a no adoptar medidas que signifiquen un retroceso respecto del marco normativo vigente.