Piden juicio contra el concejal que cobró la ayuda del IFE

09/07/2020 | Revista Norte

GUACHIPAS, SALTA

Lo solicitó la fiscal, por el fraude acometido por el concejal Héctor Cari.

La fiscal penal, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al concejal de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, acusado del delito de fraude a la administración pública.

Tras tomar intervención de oficio a raíz de diferentes publicaciones periodísticas y avanzar en la investigación, la fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del imputado.

Del requerimiento surge que el acusado, en su carácter de Concejal del Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e hizo incurrir en error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud.

Sin embargo, el accionar de Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas que no le correspondía hacerlo. Tras ser advertido por los vecinos, intentó encubrir la maniobra ardidosa mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición la suma referida.

La fiscal penal Simesen de Bielke tomó intervención tras las publicaciones en distintos medios de comunicación que informaron sobre el presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte del edil.

Surge así que a raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

Tal como surge de las constancias del Legajo de Investigación, el imputado ostenta el cargo de Concejal del Municipio de Guachipas, por lo que no podía desconocer, en tal calidad, que no tenía derecho al beneficio cobrado.-

 

Fuente: CCIP

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