Reclamos y contra reclamos entre Sociedad Rural y Gobierno salteños

La Sociedad Rural reclama al gobierno provincial recursos. El gobierno por otro lado dio a conocer que recibieron 10 millones y que so la mitad devuelven.

/ Las vaquitas y los privilegios son ajenos /

La Sociedad Rural Salteña abrió su tradicional exposición anual. Se reclamó como siempre a los gobiernos políticas de incentivo, mientras la Auditoría de la Provincia detectó que se otorgaron más de $10 millones a los empresarios del sector y que en casi un 50% de los casos se encuentran en situación de mora.

Por Gonzalo Teruel / Publicado por Cuarto Poder

Se da por descontado que cuándo el domingo Hugo Biolcati y Rubén Ferrero, presidentes de la Rural Argentina y de CRA, entidades miembro de la Mesa de Enlace, hagan uso de la palabra se escucharán críticas y reclamos a Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, se espera que Fernando Fortuny, titular de la Rural Salteña, exprese un mensaje componedor para con Juan Urtubey. No será gratis para el gobernador. Los ganaderos salteños le pedirán recursos para el desarrollo y crecimiento del rodeo bovino de la provincia. Se espera, también y como cada año, que Urtubey anuncie que la provincia destinará financiamiento para la adquisición de hacienda y para la realización de obras de infraestructura productiva.

No es novedad. Ya desde la gestión de Juan Carlos Romero, la administración provincial financia a través del Fondo Provincial de Inversiones -FPI- 2 líneas de crédito: «Desarrollo Productivo Pequeña y Mediana Empresa» y «Adquisición Vientres y Reproductores». Estas herramientas financieras fueron objeto de un relevamiento de control por parte de la Auditoría General de la Provincia. Los periodos auditados fueron los años 2007 y 2008 «respecto a las líneas de créditovigentes de Desarrollo Productivo PYME y de Adquisición de Vientres y Reproductores», según un informe que ya se encuentra en poder del ministro de Ambiente y Producción, Alfredo De Angelis, responsable del área. De acuerdo a lo expuesto por el organismo de contralor, la ley 6.891, de creación del FPI y aprobada en 1996, fija «los fines de asistir financieramente los proyectos productivos destinados a la agroindustria, el turismo y todo emprendimiento que genere demanda e incorporación de mano de obra intensiva» y establece que estará integrado «con los recursos financieros generados por las privatizaciones del Banco Provincial de Salta y de otras empresas del Estado Provincial».

Posteriormente, en 1997, se determinó que el dinero proveniente del FPI se depositase a plazo fijo y en 2 cuentas, destinando la renta del mismo a subsidiar el costo financiero de los proyectos de inversión, en el Banco Macro. Bajo el marco del FPI, la línea de crédito de Desarrollo Productivo PYME fue aprobada en 2006 y renovada 2 años después para «promover y asistir a la inversión genuina de la pequeña y mediana empresa en todo el territorio provincial». La línea de Adquisición de Vientres y Reproductores, en tanto, data del 2005 y fue renovada en 2008 con el objetivo de garantizar el «fomento y desarrollo de la ganadería provincial, para lograr el abastecimiento de origen local, de carne y leche».

El relevamiento de la Auditoría indica que dentro de la Línea Adquisición de Vientres y Reproductores, entre 2007 y 2008 se otorgó asistencia crediticia a 95 proyectos, por un total de $3.971.106. Al momento de la auditoría, año 2010, más del 36% de los beneficiados en 2007 se encontraban en situación de mora, mientras que para los de 2008 el porcentaje era del 28%. En cuanto a la Línea Desarrollo Productivo de PyME, los proyectos autorizados durante los años 2007 y 2008 fueron 37 por unos $6.649.881. Del total de créditos aprobados en 2007, el 26% se encontraban en situación de mora, mientras que de los aprobados en 2008 este porcentaje se redujo al 11%.

La administración financiera, a partir de los números analizados, arrojó la primera crítica importante por parte de los profesionales del órgano de control. «Durante el período bajo examen las cuentas corrientes -en el Banco Macro- mantuvieron un elevado nivel de saldo, generando un costo financiero excesivo para el Estado Provincial», denuncia la Auditoría. «Este costo se manifiesta en los ingresos que el Estado Provincial dejó de percibir en concepto de rendimiento financiero, si tales excesos se hubieran colocado en la plaza financiera, percibiéndose una rentabilidad determinada», explica.

Irregularidades al por mayor

La Auditoría detectó que «no se realizan ni se publican informes regulares de gestión». «Es así como no se confeccionan regularmente indicadores de eficacia y eficiencia referidos a los distintos objetivos de ambas líneas decrédito», acusó. En el mismo sentido, puntualizó que «no existen criterios uniformes suficientes, establecidos para la presentación de información por parte de los solicitantes». Esa ausencia de planillas prediseñadas, formularios u otros elementos que permitan homogenizar la información y establecer los parámetros mínimos que ayuden a evaluar los proyectos presentados, muestra un importante nivel de discrecionalidad y «dificulta la evaluación de los proyectos y más aún la comparación entre los mismos». «De igual manera, genera incertidumbre entre aquellos interesados en las distintas líneas de crédito», observó el despacho de los auditores.

Entre otros limitantes al acceso a estas líneas de financiamiento, el paper consignó que «no se han observado las suficientes acciones tendientes a llevar a conocimiento de la población en general y a los potenciales prestatarios». «Tampoco se publicaron debidamente las características de estas opciones de financiamiento subsidiado en los sitios oficiales de internet», profundizó. Más grave aún, los profesionales revolvieron cajas y cajas de papel y concluyeron que «no se encuentran formalizados los registros correspondientes a los desembolsos librados por el gobierno durante el periodo objeto de auditoría». «La registración contable de los movimientos de asignación crediticia y recupero se imputan a cuentas de carácter extrapresupuestario y en forma global», expresaron.

Sin control

Al analizar los mecanismos de control interno, los especialistas enfatizaron en que «no se efectúan controles ni seguimientos respecto de la efectiva aplicación de los créditos al objetivo del proyecto de inversión presentado». En criollo, nadie controla para qué se usa la plata que la provincia destina a la compra vientres o al desarrollo de las Pymes. Además de la falta de control, los profesionales a cargo de la auditoría descubrieron situaciones rayanas con la corrupción. «Se entregaron créditos por montos diferentes a los originalmente aprobados (…) La autorización a la entidad financiera para modificar estos valores no se realizó mediante el instrumento administrativo correspondiente», expusieron los contadores. «La información que surge de los registros de los créditos otorgados, proporcionados por la Dirección General de Financiamiento Productivo, no expresa acabadamente la realidad, ya que en el mismo constan los valores originalmente aprobados y no los valores efectivamente liquidados», determinaron.

Al analizar la operatoria crediticia, los auditores detallaron un sinfín de deficiencias: existen valores expuestos, como la inversión a realizar, indicadores de rentabilidad y otros, que no coinciden con los valores manifestados por los solicitantes de los créditos, sin explicar la causa de tales diferencias; las distintas operaciones y cálculos expuestos no son deducibles mediante los elementos exhibidos, es decir que no son verificables; ninguno de los expedientes especifican si los solicitantes se encuadran dentro de la categoría de pequeñas y medianas empresas; existen informes sin fecha de emisión; entre otras.

En el análisis pormenorizado caso por caso, encontraron que por ejemplo «un mismo expediente posee 2 informes técnicos, sin coincidencia entre ellos». Al menos una decena de expedientes expresan en el informe técnico un monto de inversiones diferente al presentado por el solicitante. Esas diferencias no fueron explicadas en ningún momento. «Los fondos de asistencia crediticia asignados no fueron aplicados a los destinos para los cuales fueron otorgados», sintetizaron en otro gran número de proyectos analizados los especialistas. Así por ejemplo, en un proyecto vinculado con el turismo aventura «según lo manifestado por el beneficiario y lo que se pudo constatar en el local comercial no se ofrecen los servicios previstos». En otro del rubro gastronómico «las obras de remodelación e infraestructura presentadas en el proyecto aprobado no se condicen con las efectivamente realizadas, de significativa menor envergadura». Finalmente, en otra carpeta «se verificó que en el domicilio consignado en el proyecto no se desarrollan las actividades de la empresa». «Existen beneficiarios que no se encuentran inscriptos en los organismos de recaudación (DGR y AFIP) dentro de las actividades económicas que deben desarrollar con los fondos obtenidos del FPI», dictaminaron, asimismo, los técnicos y revelaron otro caso de increíble inconsistencia administrativa y legal «en 2 solicitudes diferentes de asistencia crediticia, se presenta copia de la misma factura de compra de vientres y reproductores, exigida como constatación de la inversión realizada a los efectos del crédito».

Algunos afortunados ganaderos, en tanto, recibieron más créditos de los que les permite la normativa vigente. «Se incumplió la cantidad máxima de créditos autorizados por beneficiario, a la fecha de su otorgamiento», apuntó la Auditoría. En otros casos la irregularidad está dada por la adjudicación de un crédito que supera la capacidad de pago del beneficiario. «La constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas de la Provincia indica que el beneficiario se dedica al cultivo de tabaco y no consta la incorporación de la actividad ganadera», puntualiza otro caso paradigmático de la falta de control en el destino de los fondos destinados a la compra de hacienda.

En un buen número de documentos puede destacarse, además, que se otorgaron créditos sin la debida presentación de las garantías de pago por parte de los adjudicatarios.

Tibio, siempre tibio

Como ya es habitual, pese a la enorme cantidad de irregularidades detectadas por sus especialistas en ciencias económicas, la Auditoría General de la Provincia se limitó a elaborar una serie de humildes recomendaciones y evitó solicitar sanciones a los responsables de la defectuosa gestión de los dineros del FPI. «El manejo financiero del stock de fondos no se realizó acorde a criterios de administración financiera que hubiesen permitido reducir los costos de ociosidad del capital (…) No se observó el seguimiento suficiente para confirmar que los fondos prestados hayan sido efectivamente utilizados en los proyectos que fueron presentados como destinatarios de los mismos», son las consideraciones finales de la Auditoría.

Las sugerencias del organismo dirigido por Oscar Salvatierra son igualmente suaves. Llama a «articular un esquema de asesoramiento propio o tercerizado para la realización de un manejo financiero profesional de los fondos que administra el Fondo Provincial de Inversiones». También pide «publicar regularmente informes respecto a la situación y evolución de las líneas de crédito (…) incluyendo indicadores de eficacia y eficiencia que permitan evaluar el desempeño del FPI» y «uniformar la presentación de información y documentación por parte de los solicitantes de las líneas de crédito». Finalmente, recomienda «incrementar y mejorar los mecanismos de publicidad para llevar eficazmente a conocimiento de la población las características de las líneas de créditos» y «realizar controles rutinarios de seguimientos a los proyectos aprobados con el fin de verificar que se dé efectivo cumplimiento a los fines socioeconómicos previstos en las propuestas originales».-