Represión y uso excesivo de la fuerza en América ante la pandemia

Desde principios de abril, muchos países de las Américas declararon estados de excepción o emergencia e impusieron cuarentenas y/o toques de queda con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Aunque las restricciones varían, algunos países están adoptando enfoques coercitivos para hacer respetar las restricciones.

En Argentina, Amnistía Internacional verificó un video donde se ve a la policía golpeando a una persona sin hogar, al parecer por estar en la calle durante el confinamiento. En el contexto del COVID-19, los gobiernos deben habilitar centros para las personas sin hogar para que puedan aislarse si es necesario, y garantizar que ninguna persona queda expuesta a contraer la enfermedad.

Desde el inicio de las medidas de aislamiento, Amnistía Internacional Argentina se encuentra relevando casos de abuso de uso de la fuerza y violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país. En este sentido, Amnistía Internacional envió una carta con recomendaciones y un pedido de acceso a la información al Ministerio de Seguridad de la Nación. A su vez, se observaron varios casos en la Ciudad de Buenos Aires y en Chubut.

“Tuvimos conocimiento de diferentes denuncias y hechos violentos por parte de las fuerzas de seguridad. Las medidas adoptadas para extremar los cuidados en la vía pública para que se respete el aislamiento no deben ser una excusa para el uso excesivo de la fuerza ni dar lugar a detenciones arbitrarias”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional ha verificado más situaciones en Puerto Rico, México y República Dominicana en los que la policía parece estar deteniendo a personas que se dirigen a comprar alimentos y otros artículos básicos. En otros videos verificados por Amnistía Internacional se ve a la policía recurriendo con frecuencia a castigos humillantes y degradantes en contra de quienes incumplen el confinamiento.

En Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a pesar de la cuarentena en abril hubo 150 manifestaciones para pedir alimentos y 464 para reclamar acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas. En algunos casos, hay indicios de uso excesivo e innecesario de la fuerza para disolver las manifestaciones.

A mediados de abril unas 6.000 personas venezolanas refugiadas volvieron a Venezuela de los países vecinos que las recibían, como Colombia, Perú y Ecuador. Estas han sido obligadas a guardar cuarentena y a sufrir condiciones precarias y estigmatización.

En Paraguay hubo quejas por la imposición de cuarentenas en condiciones inadecuadas a personas paraguayas que habían regresado a su país tras desempeñar trabajos informales en Brasil y otros países vecinos. Estas personas afirman que no les hicieron pruebas de COVID-19, que no hay tapabocas ni condiciones higiénicas suficientes y que no pueden adoptar medidas preventivas como el distanciamiento físico.

El proyecto de Amnistía Internacional también recorre la situación en otros países como El Salvador y Honduras.

Los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones por incumplir las restricciones dirigidas a combatir el COVID-19 deben imponerse como último recurso y proporcionales a la protección de la salud pública.

Los gobiernos deben priorizar aquellas medidas que capacitan y apoyan a las personas para poder cumplirlas, incluidas políticas que garanticen el acceso general a la alimentación y a otras necesidades básicas. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que muchas personas en estos países viven al día y no pueden evitar incumplir las restricciones. En anteriores emergencias de salud pública se ha demostrado que los enfoques coercitivos para hacer cumplir las normas, incluida la imposición de sanciones, pueden ser contraproducentes y tienen efectos desproporcionados en los grupos marginados.-