Salta. Fiscal requiere juicio contra el ex intendente de Iruya

CORRUPCIÓN 

Por peculado millonario: el ex intedente emitió cheques a favor de la Municipalidad que él mismo cobró, sin que exista una rendición de cuentas. También se lo acusa por dinero de programas sociales que debía ser destinado a los más necesitados.

Alfredo Soto, ex intendente de Iruya (Salta), a juicio por malversación de fondos públicos.

Luego de investigar una denuncia de la Apoderada de la Municipalidad de Iruya, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió acusar por dos hechos de peculado al ex Jefe comunal. Así, Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex intendente.

Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $970.000, que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante al Municipalidad de Iruya”.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que “el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43”

La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $5.397.032,62.

De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.-