Salud de Mujeres y Niñas. Panorama Regional

28 de mayo – Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Los avances de Argentina en la legislación sobre aborto legal: un ejemplo que debe seguir la región

En el marco del Día de Acción por la Salud de la Mujer, Amnistía Internacional resalta la situación de disparidad e injusticia que viven las latinoamericanas quienes, según el país o la ciudad en la que hayan nacido, tienen más o menos derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Este panorama es aún más alarmante pues nuestra región es la única en la que los partos en niñas aumentan debido, principalmente, a elevados índices de violencia sexual y falta de acceso a servicios de salud.

Avances en la región

Argentina ha sido el último país de Latinoamérica en aprobar el aborto legal. Así, se sumó a la lista de quienes previamente lo habían legalizado: Uruguay, Cuba Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico.

“La conquista de derechos en Argentina es eco de las luchas que ha dado el movimiento de mujeres en Uruguay, en Ciudad de México y en Oaxaca. La consagración del derecho al aborto en nuestro país ya muestra su fuerza expansiva en la región”, destacó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Hace poco en México el debate avanzó en los parlamentos de Puebla y Quintana Roo. Con el proceso de reforma constitucional en curso en Chile se abre una nueva oportunidad de despenalizar y legalizar el aborto. Recientemente, Ecuador dio un paso histórico y lo despenalizó en casos de violación. Así, dejó sin efecto una norma que era contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Algunos retrocesos

Sin embargo, la región presenta una serie de retrocesos que impactan directamente en los cuerpos y en los proyectos de vida de las mujeres y personas gestantes. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití el aborto está prohibido sin excepciones.

Recientemente, la Cámara de Diputados de la República Dominicana rechazó la despenalización del aborto por tres causales: cuando el embarazo represente un riesgo de vida para la madre, como consecuencia de violación o incesto, o cuando exista malformación del feto incompatible con la vida. Amnistía Internacional insiste en que el Senado no debe avalar esta posición pues la prohibición total provoca muertes evitables de mujeres y niñas.

Otro de los pocos países del mundo que prohíbe totalmente el aborto es El Salvador. En el marco del caso Manuela*, quien había sido condenada a 30 años de cárcel tras perder involuntariamente su embarazo y murió privada de la libertad, Amnistía Internacional se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) junto al ex Relator contra la Tortura Juan Méndez. La Corte IDH tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva deriva en discriminación y violencia contra las mujeres que puede ser caracterizada como tortura.

En Honduras, se impuso mayorías agravadas para poder modificar la prohibición del aborto en cualquier circunstancia.

“La salud sexual y reproductiva es un derecho clave en el desarrollo de toda niña y mujer. Está demostrado que penalizar y restringir el aborto no lo impide, solo lo hace menos seguro y genera riesgos y consecuencias fatales. En todo el mundo, se estima que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año para el tratamiento de complicaciones relacionadas con el aborto y unas 47.000 mueren. Por todo esto, no descansaremos hasta que todas las personas en nuestra región puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, Amnistía Internacional destaca la lucha de las mujeres y de personas con otras identidades de género por la autonomía sobre sus cuerpos. Finalmente, y en contexto de restricciones debido al COVID19, recuerda que el acceso a la salud sexual y reproductiva constituye un servicio esencial que debe sostener su disponibilidad y funcionamiento en el marco de las medidas de excepción tomadas durante la pandemia.-

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*Caso Manuela

Amnistía Internacional se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) junto al ex Relator contra la Tortura Juan Méndez en el caso de Manuela. La mujer salvadoreña había sido condenada a 30 años de cárcel tras perder involuntariamente su embarazo y murió privada de la libertad.

En vísperas del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la organización señala que la Corte IDH tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva deriva en discriminación y violencia contra las mujeres que puede ser caracterizada como tortura.

Tras haber sufrido una emergencia obstétrica, Manuela fue injustamente condenada y encarcelada por el supuesto delito de homicidio agravado. . Sin haber tenido acceso a una adecuada defensa, murió en prisión, alejada de su familia y de sus dos hijos, como consecuencia de un cáncer que no fue debidamente tratado por el Estado, y que, incluso, pudo haber sido la causa de la pérdida involuntaria de su embarazo.

El caso de Manuela ocurrió en un contexto de prohibición absoluta del aborto en El Salvador, uno de los pocos países en América Latina que criminaliza la interrupción del embarazo en todos los casos, sin excepción. Esto deriva en la criminalización no solamente de mujeres y niñas que se someten a un aborto, sino también de quienes pierden un embarazo de manera involuntaria. Esta situación genera violencia institucional y constituye una forma de tortura u otros malos tratos.

«Mientras otros países, como Argentina, eliminaron barreras para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, El Salvador sigue violando derechos humanos. La Corte IDH tiene la oportunidad histórica de marcar un horizonte en donde las mujeres y niñas no son sometidas a marcos legales que favorecen la violencia y la tortura «, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Información adicional

Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, entre el 2000 y el 2019, al menos 181 mujeres fueron procesadas por los delitos de aborto o de homicidio agravado por haber tenido abortos o emergencias obstétricas.

Bajo dicho marco legal, mujeres y niñas que sufrieron emergencias obstétricas fueron imputadas con penas que llegan hasta los 50 años de prisión, acusadas de cometer “homicidio agravado”, como ocurrió en el caso de Manuela.

Diversos organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtieron en distintas ocasiones sobre las violaciones de derechos humanos que genera la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.