«Si no logran parar esto, que nadie se extrañe que cada vez seamos más los presos”

“Iremos todos presos, pero no vamos a parar”

RAFAEL VARGAS ADVIRTIO A ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN EN JUJUY, ARGENTINA.

Persecución y carcel para los trabajadores son las respuestas del gobierno de Jujuy  a las luchas por trabajo digno. La alianza política entre la UCR-PRO y el Frente Renovador permitió a Gerardo Morales llegar a la gobernación desde donde viola sus promesas de campaña hacia los trabajadores y aplica una metodología ilegal mediante aprietes sin límites.

El dirigente sindical del Ingenio Ledesma lo explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos a la que también asistieron representantes de trabajadores del Ingenio La Esperanza. Página 12 entrevistó a Vargas y publicó:

«Si los organismos que defienden los derechos humanos tanto adentro como afuera de la Argentina no logran parar esto, que nadie se extrañe que cada vez seamos más los presos”, dijo el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (SOEAIL-CTA), Rafael Vargas.

El dirigente se fue de la audiencia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trató denuncias sobre persecución y criminalización de la protesta social en Jujuy “asombrado por la caradurez” de los representantes del Estado Argentino, esperanzado y “fortalecido”: “Iremos todos presos, pero no vamos a parar”, prometió el referente de un sindicato que volvió a funcionar en 2011. Ledesma y el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar habían logrado diezmarlo.

–¿Qué tipo de persecución denunció ante la CIDH?

– Dejamos en claro que este gobierno reprime a los trabajadores y a los pobres. Ocho miembros de la Comisión Directiva del SOEAIL estamos denunciados penalmente, dos asesores legales y por lo menos seis trabajadores, imputados. En 2011 retomamos las luchas, las protestas, las medidas de fuerza. Al no poder desarticularnos, la empresa hizo uso de sus influencias en los tres poderes de la provincia y nos persiguió con denuncias penales. El año pasado, las fuerzas de seguridad provinciales salieron a reprimirnos desde adentro de la empresa. La gente se indignó y llevamos el reclamo al Estado, nos fuimos a la ruta. Entonces, fue el gobernador el que empezó a presionar al juez para que reprima, pero no lo logró, por suerte. Lo que sí hizo fue multar al sindicato: 2.360.OOO pesos por violar la conciliación obligatoria nos puso el Ministerio de Trabajo y 160 mil pesos por quemar de gomas.

–¿Cree que la audiencia ante la CIDH va a ayudar a solucionar las cosas?

– Coincidimos en que trabajar junto a otras organizaciones estuvo muy bien. Creo que todos estamos sobreviviendo juntos esta realidad. Lo más importante es dejar en claro que no somos delincuentes, no le robamos nada a nadie y cada uno de los trabajadores encuentra en la manifestación la posibilidad de expresar su necesidad tanto laboral como económica en un tema tan delicado y sensible como lo es el ingreso que tiene cada familia.-