Gremio denunció la “política de destrucción” ante las cesantías, retiros y jubilaciones.
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) realizó su Congreso Extraordinario en Mar del Plata y volvió a denunciar las políticas de vaciamiento que lleva a cabo el Gobierno nacional para con el INTA dentro de su plan de “modernización”. También se aprobó un nuevo plan de lucha.
“El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, es un organismo estatal descentralizado, creado para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”, destacaron en el comunicado.
“Bajo el eufemismo modernización, el Gobierno Nacional encubre una política de destrucción del INTA”, denunció el gremio, que remarcó que tras los 227 despidos, el organismo se encuentra por debajo de dotación óptima y tiene 6466 trabajadores. Además, se suman 298 retiros voluntarios, 205 intimaciones a jubilaciones y el cese de 40 contratos del programa Pro Huerta.
De este modo, el encuentro desarrollado la semana pasada en la costa atlántica dejó al sindicato en estado de alerta y movilización, con un plan de lucha aprobado y que derivará en una serie de medidas de acción directa que podría ejecutarse en los próximos días, para tratar de frenar los permanentes recortes.
“Estas acciones no sólo afectan el funcionamiento de la institución, sino que representan una pérdida irreparable para el patrimonio del pueblo argentino”, señalaron desde APINTA, que destacaron a la institución como “referente local, nacional e internacional en innovación, sostenibilidad y desarrollo agropecuario”.
Por último, APINTA advirtió sobre las condiciones laborales del personal ya que hay una precarización creciente que “se traduce en bajos salarios, que en muchos casos no alcanza para cubrir la Canasta Básica, obligando así al éxodo del personal altamente calificado”. También remarcó la sospecha de negocios inmobiliarios en la venta de edificios y terrenos.