Tras 28 años de espera, a aborígenes y criollos les regularizan las tierras

UN PRIMER PASO

/ Desde 1984, comunidades aborígenes luchan para que el gobierno les otorgue el título de propiedad de los lotes 55 y 14. Tras 20 años, los litigios parecen estar llegando a su fin. El 16 de agosto pasado aborígenes y criollos recibieron carpetas con la documentación para la regularización de la tenencia de esas tierras /

Por DOM / Publicado por Cuarto Poder

El conflicto viene de larga data: 20 años de malentendidos, aprovechamientos y vejámenes. Pero ahora parece que se está dando el primer paso para una solución definitiva. El pasado 16 de agosto de 2012 marcó, en cierta forma, un punto de inflexión en el litigio por la propiedad de los lotes 55 y 14 en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. Ese día se entregaron las primeras 20 carpetas con la documentación para la regularización de la tenencia de esas tierras.

La entrega de las carpetas se hizo en una vivienda ubicada en el corazón del monte chaqueño. Las carpetas contenían la documentación que da fin a una problemática ancestral, el dominio de las tierras de los lotes 55 y 14. El acto fue encabezado Ricardo Echenique; como representante del equipo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y el vicepresidente 1° de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad, quienes estuvieron acompañados por el intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama; el fiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós y el Escribano General de la Gobernación, Víctor Fernández Esteban.

Vale recordar que en la UEP trabajan funcionarios de diferentes áreas del Gobierno de la Provincia, y se nuclea bajo la órbita del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, que encabeza María Pace. En esa zona del chaco salteño conviven 52 comunidades indígenas y 462 familias criollas y el litigio es la posesión de 643 mil hectáreas que se dividen en 400 mil para las comunidades y 243 mil para las familias criollas.El pasado 16 de agosto familias indígenas y criollas estrecharon sus manos, dando el ejemplo al resto de las comunidades de la zona. «Quiero agradecer la predisposición que tuvieron todos los pobladores de éstas tierras para llegar a éste acuerdo y al trabajo que realizó la UEP, también destacar y agradecer profundamente a la ministra Pace y a todo su equipo por éste logro» expresó Lapad.

Las autoridades también dijeron que la regularización dominial de las más de 600 mil hectáreas no es el punto final de este problema, sino que será el punto de partida para la creación de una zona con un inmenso potencial productivo y redundará en beneficio directo de todas las personas que habitan esas tierras desde tiempos ancestrales.

Los pueblos originarios que allí conviven son en su mayoría familias Wichi, hay además comunidades Tobas, Chorotes y Tapietes. Su historia está allí desde siempre. A principio del Siglo XX comienzan a llegar a la zona las familias criollas, ganaderas en su mayoría. Allí se origina el conflicto, pues el uso de la tierra de cada comunidad es diferente y se superpone: Los criollos son ganaderos y muy pocos agricultores; los indígenas son cazadores, recolectores y pescadores.

Es un terreno basto y apto para que ambas comunidades realicen sus actividades, y es el diálogo el camino que se está siguiendo para lograr una sana convivencia y tiene como meta terminar con el proceso en litigio.

Otras divisiones

Uno de los tantos motivos que había ayudado a profundizar la división en estos últimos años entre las distintas comunidades indígenas y los criollos, fue, en su momento, el Programa de Fomento de la Actividad Rural, pues marcaba diferencias entre los beneficiados: mientras que el sector azucarero recibió cien millones de dólares y los productores del Valle de Lerma casi cuarenta, comunidades aborígenes tuvieron mucho menos para regularizar los lotes 55 y 14.

Cuarto Poder informó que con el lanzamiento del Programa de Fomento de la Actividad Rural, lanzado por la presidenta, al sector azucarero se le prometió cien millones de dólares para su fortalecimiento (que se suman a otro preexistentes) y que Salta debía recibir 38 millones de dólares para la obra de riego del Río Toro, con lo cual se apuntaba a beneficiar a más de 900 establecimientos productivos agrarios de Rosario de Lerma, campo Quijano y La Merced.

Mientras tanto, 8 millones se destinarían a la regularización de los lotes 55 y 14, donde desde 1984, un conjunto de comunidades aborígenes del Chaco salteño viene luchando para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que garantice a todos el libre acceso a los Recursos Naturales, que les permitirán seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. Al menos esto último parece hoy resuelto.-