Una auditoría al Instituto Indígena de Salta muestra por qué la comunidad originaria de la provincia sufre hambre, desnutrición y abandono

 

520 años después de la Conquista, las comunidades aborígenes siguen siendo saqueadas. Una auditoría sobre el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas evidenció las irregularidades que mantienen en la miseria a los que padecen una marginación crónica en medio de un rol pasivo y cómplice del gobierno.

Por DOM

La tapa en Playboy de Rocío Marengo, el discurso moralista de Alfredo Olmedo contra el casamiento gay, los premios Martín Fierro, la vuelta a la TV de Mirtha Legrand y la última pareja de Juanita Viale fueron algunos de los temas con los que la mayoría de los medios provinciales ocuparon todo el espacio/tiempo de sus productos, justo cuando sucedía algo realmente importante en Salta: una criatura indígena murió desnutrida. El chico tenía dos años y era del paraje El Paraíso. «Al constituirse personal policial constataron por el parte médico que el niño había fallecido por desnutrición y deshidratación», dijo el Comisario Fernando Camacho a una emisora de la zona.

Para determinar mejor las culpas y responsabilidades de lo que sucedió, se puede leer un informe sobre el funcionamiento en los años 2009-2010 del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (I.P.P.I.S.). El trabajo de la Auditoría General de la Provincia confirma que la ineptitud y la corrupción llena unos pocos bolsillos a condición de dejar totalmente desamparadas a miles de personas.

Descontrolados

Lo primero que hicieron las autoridades del IPPIS fue destruir todo sistema de control, todo lo que pudiera impedir el saqueo o dejar pruebas. «Se constató que el Sistema de Control Interno no está formalmente establecido y que sólo se han dispuesto algunas medidas aisladas relativas a la rendición y manejo de fondos. Dichas medidas resultan insuficientes para el logro de los objetivos operativos y legales del ente auditado», dice el informe. Se indica, asimismo, que no se efectúan registraciones contables de las operaciones realizadas, que no se confeccionaron los Estados Contables, que Tesorería no puede mostrar los movimientos de ingresos y egresos del Fondo Permanente, que no se elaboraron las Ejecuciones Presupuestarias trimestrales, incumpliendo de esta manera con las disposiciones establecidas en la legislación aplicable y que los legajos de Personal no se encuentran foliados, ni su documentación actualizada. El caos no parece fruto del desdén o de una actitud adolescente que confunde rebeldía con desorden, sino que es una condición buscada y necesaria para que la depredación se produzca.

Las irregularidades se constatan en todos los ámbitos. A los Recibos Oficiales, por ejemplo, se les otorgan diversosdestinos, como comprobantes de entrega de fondos a rendir, a quienes se encuentran autorizados a realizar pagos y también como respaldo de pagos a terceros, que no emiten factura o documento equivalente. Asimismo, en las rendiciones del «Fondo Permanente «y «Gastos a Rendir» analizadas, se verificó que se adjuntan como comprobante de gastos, Recibos Oficiales. Como si al Instituto le sobrara la plata, las autoridades pagaron viáticos a personas, que no se encuentran en relación de dependencia con el IPPIS y respecto de las cuales tampoco se pudo establecer otro tipo de vinculación con el mismo. Sí, $16.775 en viáticos para personas que no trabajan para el IPPIS. En relación con esta «curiosidad», la observación 10 revela que no se respeta una resolución que establece la nómina de cuatro personas autorizadas a otorgar Órdenes de Hospedaje, Vales de Comida y/o Ayudas Económicas, y que para colmo la forma tampoco ayuda porque jamás determina los montos o límites máximos, que cada funcionario puede gastar por esos conceptos.

Sueldos

Si el manejo de los viáticos se puede calificar, como mínimo, de poco transparente, el de los sueldos no es mucho más claro y eso que los investigadores sólo encontraron disponibles las liquidaciones de haberes de unos cuantos meses. De todos modos, «se encontraron diferencias entre los montos detallados en las Planillas de Liquidación de Sueldos, y la nota enviada al banco para la acreditación de haberes», dice el informe. En algunos casos la divergencia es significativa.

Una cuestión no menor es que el detalle de pago de haberes a los miembros del Consejo Directivo no se incluye dentro del listado de depósitos bancarios, esto se debe a que los mismos cobran en efectivo, lo que pone de manifiesto debilidades en el Sistema de Control Interno. Asimismo, se adjuntan como comprobante de pago, Recibos Oficiales y no Recibos de Sueldos, como correspondería. Previsiblemente, los investigadores detectaron diferencias entre los valores incluidos en las liquidaciones de haberes y los Recibos Oficiales expuestos en las Rendiciones Mensuales.

Si en los sueldos las irregularidades son tan frecuentes, en los gastos se vuelven escandalosas. La desorganización es nuevamente el marco que hace posible el vaciamiento: se comprobó la existencia de pagos por diversos conceptos tales como: entrega de subsidios, gastos a rendir, anticipos de haberes, etc., respaldados mediante un documento denominado ‘Recibo Extraoficial’, que no cuenta con numeración correlativa y no se encuentra pre-impreso. La lista de órdenes de pago emitidas que ni siquiera están visadas por Tesorería llena casi media página y significaron para el Instituto casi $300 mil, esto sin contar la plata destinada a abogados que defendieron el organismo.

Con respecto a esto último La lista de acciones legales en las cuales el IPPIS está denunciado ocupa más de una hoja del informe de la auditoría. Muchos de estos casos no tienen, todavía, una resolución, pero cuando los jueces emitan esos fallos, las arcas del Instituto sufrirán un gran golpe, puesto que muchas de estas demandas son millonarias. Según consta en el expediente, la denuncia de Gonzalo José Nicolás por daños y perjuicios podría costarle al organismo $3.431.418: el hombre tuvo un accidente de tránsito mientras prestaba sus servicios para el IPPIS.

«La labor profesional de los abogados designados en esos juicios se limita a la tramitación de los procesos judiciales», dice el informe. Sin embargo, en concepto de honorarios el IPPIS gastó en menos de dos años $21.499, aunque jamás se pudo constatar la existencia del contrato respectivo, en los siguientes casos: $799,91 (pesos setecientos noventa y nueve con 91/100) el 24/02/10 por guía Nº 931-350, factura Nº 1-23 «como subsidio mensual» para Gestoría en General de la ciudad de Tartagal al señor Guerrero Víctor; $800,00 (pesos ochocientos) el 27/12/10, por guía Nº 931491, al señor Guerrero Víctor; $800,00 (pesos ochocientos) el 21/08/09, por RO Nº 2034 factura Nº 19, al señor Guerrero Víctor; $1.000,00 (pesos mil) el 15/12/2010, por factura C Nº 1-275 al Dr. Martín Gabriel Campos; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 21/12/10, según RO Nº 484, Recibo Nº 1-27 Honorarios a la Dra. Gómez Mariela del Jesús; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 29/09/09, según RO Nº 2465, factura Nº 1-09 Honorarios al doctor Ariel Sánchez; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 18/11/09, según RO Nº 2784 factura Nº 1-012 por Honorarios Estudio Jurídico Dr. Ariel Sánchez; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 16/02/10, según RO Nº 038 factura Nº 1-16 por honorarios Estudio Jurídico Dr. Ariel Sánchez; $3.600,00 (pesos tres mil seiscientos) el 17/05/10, según RO Nº 186 factura Nº 1-023 por honorarios Estudio Jurídico Dr. Ariel Sánchez; $4.000,00 (pesos cuatro mil) el 30/09/09, según RO Nº 2487 Honorarios Legales al señor Jorge Soruco; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 16/10/09, según RO Nº 2424 factura N º1-13 por Honorarios Servicios Profesionales al Dr. José Campos Bertoldi; $2.100,00 (pesos dos mil cien) el 20/08/09, según RO Nº 2030 factura Nº 1-15 por Honorarios al Dr. José Campos Bertoldi.

En definitiva, como la plata básicamente no les pertenece, hay un gasto, no desmesurado, pero sí sistemático, que socaba las cuentas de la institución: pequeños montos, acaso irrisorios, que recién al sumarse dan cuenta del daño que pueden hacer: en las rendiciones mensuales de febrero y diciembre del 2010 no consta que se hayan presentado los comprobantes respaldatorios de $39.585 de los $50.412 supuestamente gastados. Tampoco en los gastos grandes hay control: la documentación correspondiente para la asistencia de «Proyectos Productivos Impulsados», puesta a disposición de la Auditoría, es parcial. No se remitió documentación que acredite los gastos por el importe de $51.486. Para «Asistencia por Salud» hay $299.877 que no pueden ser justificados y lo mismo sucede con otros $359.865 de «asistencia de Personas por Emergencias Sociales.»

Revisación a medias

Los investigadores tuvieron que sortear varios problemas para concretar el estudio. Hubo un retaceo sistemático de la documentación, se podría incluso señalar que hubo una ocultación deliberada, pero quizá sería algo exagerado pues no se pueden esconder papeles que ni siquiera existían. Cuando el informe enumera las limitaciones del alcance, indica que no existe un Sistema de Registración Contable, Financiero y Patrimonial, que permita evaluar la integridad de la información proporcionada por el ente auditado.

«El I.P.P.I.S. no elaboró los Estados Contables correspondientes a los años 2009 y 2010. Como consecuencia de ello, no se pudo analizar la situación patrimonial al 31/12/09, ni al31/12/10, los resultados obtenidos ni la evolución del Patrimonio Neto de los años descriptos», dice el estudio. También indica que no fue puesta a disposición la documentación relativa a la constitución de la Asamblea Comunitaria, incumpliendo con la Sección II del Capítulo II de la Ley Nº 7121.

Si los investigadores se hubieran quedado, solamente, con los pocos papeles que les mandaron no habrían encontrado objetos valiosos que alguien se olvidó de incluir entre el inventario fallido.

Por ejemplo, los inventarios no indican el lugar de ubicación, ni el responsable de la oficina en la que los bienes se encuentran; y esta situación se presenta tanto en la sede Salta como en la de Tartagal. Y lo que más puede haber interesado a los olvidadizos: un GPS, marca GARMIN modelo ETREX LEGEND, una fotocopiadora multifunción, marca RICOH, modelo MP 161L, un fax Panasonic, una silla de hierro y madera beige claro, un teléfono marca General Electric, dos cajoneras metálicas con 4 cajones cada una, diez sillas plásticas individuales negras, un calefactor marca Morris a gas natural y (acaso porque nadie notó la presencia de las mismas) cuatro camionetas.

Epígono

No falta mucho para que los integrantes de los pueblos originarios salteños concurran una vez más a las urnas, para elegir las nuevas autoridades de una institución que, hasta el momento, no ha servido para revertir el estado de miseria crónica en que están estas poblaciones.

La incapacidad de sus autoridades incluso ha sido funcional al gobierno, que ha tratado de retomar el monopolio de la ayuda. Hay que decir, empero, que los funcionarios provinciales y los intendentes tampoco se desempeñaron con mayor garantía ni transparencia en la zona. Un ejemplo, es lo que pasó en Santa Victoria Este, donde los indígenas de la comunicad de Misión San Luis casi provocan una poblada: fueron a pedir alimentos y el intendente les dio unas cajas del depósito. Después constataron que los alimentos estaban podridos, y las cajas llenas de gorgojos.

Otra vez en chozas

Los auditores también identificaron de que, a pesar de que la ley de cupo habitacional obliga al gobierno provincial a destinar a las comunidades el 5% de las viviendas que construya el IPV, en el 2009 sólo el 2% de las casas construidas fueron para los indígenas. El organismo que debe defenderlos ni se quejó.

Además de explicitar las sospechas sobre el manejo de los recursos del IPPIS, la auditoría también pone de manifiesto la despreocupación del organismo para negociar beneficios básicos para sus representados. Esto a los investigadores se les hizo obvio cuando analizan la ley de cupo habitacional, por la cual el gobierno provincial está obligado destinar a las comunidades el 5% de las viviendas que construya el IPV. Pero, pese a que en 2009 sólo el 2% de las casasconstruidas fueron para los indígenas, el organismo que debe defenderlos ni se quejó: «No fue puesta a disposición la documentación que acredite que el I.P.P.I.S. ha realizado las gestiones pertinentes para el cumplimiento del Art. 32º, de la Ley Nº 7.121, no observando el cumplimiento de lo establecido en el Art. 2º, de la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos».

El Art. Nº 32 de la Ley Nº 7121 es el que establece: «De la totalidad de viviendas que se construyan anualmente en la Provincia, a través de planes gubernamentales, como mínimo deberá destinarse el cinco por ciento (5%) de dicho presupuesto hasta cubrir las necesidades habitacionales de ese sector de la población.»

De las 230 viviendas que se construyeron en esos dos años, 195 se localizaron en el departamento San Martín. Los investigadores fueron hasta allí para constatar lo que realmente estaba pasando. Y hallaron un importante desfasaje entre la realidad y lo declarado: se verificó, por ejemplo, la paralización de la obra «7 Viviendas en Comunidad Toba II», y el avance a ritmo no previsto en las obras «10 Viviendas en Comunidad Km.7» y «20 Viviendas en Comunidad Monte Sinaí». Con «ritmo no prevista en las obras», los investigadores dan cuenta de atrasos sistemáticos, en algunos casos superiores a los 13 meses (con lo cual viviendas contadas dentro de 2010 no fueron entregadas ese año).

Otro punto negativo son las contrataciones. Además de hacerse, en general, sin los pasos exigidos por la ley, lo que molesta a los auditores es que «la ejecución de las obras a través de contratos con terceros, no contribuyó al cumplimiento del objetivo principal, referido a fomentar la implementación de sistemas de construcción comunitaria basados en relaciones de solidaridad y ayuda mutua», que señala el Art. 33º inc. c) de la Ley Nº 7121. Estas irregularidades, detectadas en 2009 y 2010 no se han modificado. Y una prueba es el corte de la ruta 34 que aborígenes realizaron en reclamo de sueldos atrasados y la construcción de viviendas.

Cornelio Soruco, cacique de la comunidad wichi, dijo en una emisora local que el Instituto Provincial de Viviendas y el IPPIS tienen la responsabilidad de realizar las obras con fondos nacionales, pero no las hacen y no se informa sobre las gestiones para concretarlas. Uno de los más criticados esta semana fue Ernesto Killo, a quien los indígenas le reclamaron el pago por el trabajo en la construcción de 10 casillas. Los aborígenes, enojados por la deuda y sobre todo por algunas declaraciones del titular del IPPIS (quien había dicho que los indígenas no habían hecho nada y por eso no les pagaba) denunciaron que quien era la encargada de construir las viviendas era una cooperativa, que pertenecía al mismo Killo.-

Publicado por Cuarto Poder