Calletti Martínez Urtubey
SE LES COMPLICÓ LA COSA…
El Juez Martín Martínez cobraba dos sueldos de la provincia, continuó cobrando un sueldo como funcionario dependiente del Ministerio de Derechos Humanos cuando ya estaba cobrando como Juez.
Por Nolverto Guerra, Dirigente del PJ / Columnista invitado de Revista Norte
La mensajera fue la Ministro de Derechos Humanos, Dra. Pamela Calletti. «Tuvimos que notificarlo para que devuelva lo indebidamente cobrado», confesó ayer no sin dolor la ex-jefa del juez desleal. La dolida funcionaria tuvo que desandar sus pasos, pues hace casi un mes había declarado que Martin Daniel Martínez devolvió los haberes que misteriosamente les fueron liquidados aún después de su renuncia y cuando no cumplía ninguna función en el Poder Ejecutivo Provincial.
Calletti usó un término que no encaja con la realidad administrativa de las áreas liquidadoras de haberes: «La liquidación de Martínez fue desdoblada». ¿Qué quiso decir? A los haberes del ex-subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Derechos Humanos se los liquida en el Servicio Penitenciario y a los de Juez se los liquida el Poder Judicial. De por sí es una función «desdoblada», que no habilita a obrar maliciosamente. Lo que nunca podría haber sido desdoblada es la conducta del todavía Juez. Jamás debería haber «devuelto», porque nunca debía haber percibido esos haberes. Parece que Martínez no conoce la máxima comarcana: «no vuá volvé… porque no vuá salí! El salió, y como no volvía solo, Calletti lo volvió a la realidad.
La Ministro no soportó la presión del Gobernador que, a todas luces, recordó: «que nada me roce». Pero Urtubey también reaccionó tarde, contra su voluntad y urgido por las múltiples denuncias en contra de Martínez. Los íntimos del Gobernador le advertían que si se prolongaba un corte definitivo a la innoble acción del «descubierto» doble agente, no solo soportaría (Urtubey) los reproches sociales, hasta se podía dar que los litigantes en el Juzgado de Martínez lo recusaran por falta de garantías morales o inconducta.
Sin embargo, lo que llenó la paciencia del Gobernador fue la falta de definición de la Corte de Justicia de Salta que -también compelida por la difusión pública del escandaloso obrar de Martínez- a casi 3 meses del sonado caso aún no se expidiera al respecto.
Están resguardando «la corpo» dicen. Justamente la Corte, con todos los resortes a su favor, no da corte a esta enojosa situación. Actúa lenta y campechanamente como esperando que el caso caiga en el olvido. Algunos razonan que justamente la Corte de Justicia debería haber brindado una inmediata medida ejemplificadora. Martínez manchó a todos, se quejan en el Palacio de Justicia.
Urtubey piensa quizá, que habría correspondido que algún miembro de la Corte o de Diputados pidiera juicio político para Martínez. No hubo, sin embargo, la diligencia mostrada por el Dr. Abel Cornejo cuando pidió Juicio Político para un Juez y un Fiscal del Distrito Tartagal. Esa vez también estaban enjuiciados 4 Ministerios responsables de la muerte de una nena wichí, y no hubo ninguna investigación al respecto.
Tampoco Juan Manuel Urtubey mostró el mismo celo asumido para con una Fiscal de Embarcación, que soporta un pedido de Juicio Político pedido por el propio Gobernador por supuesto mal desempeño. En ese caso vale el «supuesto». En el caso Martínez estaba todo cantado… y todavía es Juez.
El Gobernador también habría expresado a sus íntimos que se hace necesaria una amplia auditoría en el Servicio Penitenciario, para clarificar esta u otras situaciones anormales. Le atribuyen a Calletti excesiva tolerancia para con quienes liquidaron incorrectamente y hasta deslizan que habría existido orden ex-profesa de Martínez, antes de abandonar su cargo, para que sigan liquidándole los haberes por una labor que ya no cumpliría en el Servicio Penitenciario.
El Presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy, en una nota periodística con el programa radial «Murishow» de Daniel Murillo, no tuvo respuestas cuando el conductor le notificó que el Dr. Martínez negaba haber percibido esos haberes y sin embargo los utilizó para cumplimentar el pago de una demanda alimentaria de su esposa por $10.000 y por 3 meses, haciendo un saldo total de $30.000; más casi 8 mil pesos que Martínez pagó al Partido Justicialista como aporte de afiliado.
Sería tan sencillo que la Ministro ordene al Servicio Penitenciario que publique el movimiento de la cuenta ahorro de los sueldos de Martínez, así se clarificaría todo. Si se cobraron esos haberes indebidamente, quién ordenó liquidarlos. Si se pagaron demandas alimentarias o políticas, ¿en qué momento se reintegraron? Etc. Memoria falla…boleta no.
Y Martínez, máxime el JUEZ MARTINEZ, TIENE LA OBLIGACION DE PENSAR BIEN. Y OBRAR BIEN.-