Urtubey vetó la ley de prevención de delitos contra la integridad sexual

 HABÍA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN DIPUTADOS

Urtubey vetó la ley de prevención de delitos contra la integridad sexual

Con la norma se pretendía implementar acciones de prevención y detección temprana de delitos contra la integridad sexual y de brindar asistencia a las víctimas.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, vetó hoy la ley sancionada por los diputados y senadores provinciales, mediante la cual se pretendía implementar acciones de prevención y detección temprana de delitos contra la integridad sexual y de asistencia a la víctima.

‘‘Es una cuestión exclusiva de competencia’’, explicó a Télam el secretario Legal y Técnico del gobierno de Salta, Pablo Robbío, al fundamentar los motivos del veto gubernamental, tras lo que agregó: ‘‘No es que el Ejecutivo vetó porque no le interesan estas víctimas. Al contrario, cumple con acompañarlas y asistirlas’’.

El proyecto de ley, presentado por la diputada provincial Virginia Cornejo, del opositor Partido Propuesta Salteña, recibió sanción definitiva en la vigésimo quinta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de Salta, que se concretó el pasado 8 de noviembre.

La norma vetada buscaba que el Ministerio de Justicia implementara acciones tendientes a la prevención y detección temprana de delitos contra la integridad sexual y de asistencia a la víctima de delitos contra la integridad sexual.

El decreto de veto del proyecto aprobado por ambas cámaras salteñas indica que ‘‘más allá de los meritorios objetivos que se propone la ley sancionada, cabe señalar que las acciones que se pretenden implementar vienen siendo ejecutadas por el Poder Ejecutivo’’.

Para el abogado Gonzalo Guzmán, asesor de la diputada Cornejo, ‘‘fue una sorpresa este veto, porque trabajamos mucho para lograr el consenso y sacar este proyecto aprobado por unanimidad en Diputados y de rápido tratamiento en Senadores’’.

El asesor explicó a Télam que ‘‘recorrimos un largo camino, hablando con representantes de distintos organismos estatales para detectar qué se necesitaba, ya que el problema es que no hay coordinación ni recursos suficientes para prevenir y asistir a la víctimas’’.

El decreto firmado por Urtubey indica que el proyecto sancionado ‘‘quebranta el principio republicano de división de poderes, toda vez que la materia legislada por las cámaras traspasa las atribuciones propias del Poder Ejecutivo provincial, conforme lo establecido por los artículos 140, 144 y 147 de la Constitución Provincial’’.

‘‘Nuestra convicción es que se debe proteger a las víctimas de estos delitos, pero con este proyecto sancionado el Poder Legislativo traspasa las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial’’, explicó Robbío.

En este sentido, agregó que ‘‘es la ley de ministerios, que está en cabeza del gobernador, la que asigna la competencia de los ministerios. Este proyecto le da instrucciones a los ministros y les atribuye más competencias que la misma ley de ministerios, y además le cambia los actores’’.

‘‘Nosotros insistimos en que no es el Ministerio de Justicia el que tiene que tener a cargo este tema, sino el de Derechos Humanos, porque no creemos en la judicialización de las víctimas, que las revictimiza, sino en la necesidad de contenerlas y asistirlas’’, concluyó el funcionario provincial.

Por su parte, Guzmán insistió en que ‘‘esta ley daba un marco para generar una verdadera política pública de protección a las víctimas, sobre todo a aquellas de escasos recursos’’.

La norma establecía, entro otros ítems, la realización de campañas de prevención e información en establecimientos educativos públicos y privados, para la prevención y detección temprana de los delitos contra la integridad sexual.

Asimismo, fijaba un protocolo de prácticas institucionales para la asistencia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, y el acceso a una atención interdisciplinaria integral del sistema sanitario.

Entre otras metas, la ley buscaba sensibilizar y capacitar en perspectiva de género al personal policial, penitenciario y del Poder Ejecutivo, además de la asistencia terapéutica, psicológica y jurídica gratuita.

El asesor de la diputada explicó que ‘‘la única posibilidad que queda de reflotar esta iniciativa es que la vuelva a aprobar la Cámara de Senadores. La verdad, es una muy mala noticia para las víctimas’’.-

 

El Tribuno