Arrepentidos cuentan del espionaje de la policía de Urtubey a políticos, periodistas y dirigentes sindicales de la provincia

Te sigo y te escucho

Los informes de espionaje que realiza la Policía de Salta son conocidos. La vigilancia como método de control social es un lado oscuro del que poco se escribe. En esta nota, arrepentidos del poder y datos sobre el escuadrón de espías locales: la D2. (por M.A.)

Estaba preso y decidió hablar. Cuando el narcopolicía Gabriel Giménez confesó a su abogado que era obligado a realizar operaciones de espionaje, varios en el gabinete de Urtubey advirtieron el peligro que podía generar la voz de un arrepentido.

Es que ninguno quería un arrepentido del poder que complique aún más la gestión del gobernador. Menos tratándose del protagonista de este caso: un policía que se preparó con destino de jefe y conocía los engranajes del poder desde muy cerca, pues había estado buena parte de su carrera capacitándose en Inteligencia, un sector clave para la estructura policial.

Junto a Mario Paz, ex sub jefe de la Policía y su padrino en la fuerza, Giménez escaló rangos rápidamente hasta llegar a la cúpula. Según comentan, los años dedicados a pinchar teléfonos lo convertían en un experto de confianza para el Estado.

Este hombre confiable, que cayó detenido acusado de integrar una banda de narcotraficantes, presionado y tras las rejas se dio vuelta. Habló y sorprendió al poder. A la vez confirmó lo que muchos ya denunciaban: el montaje de una estructura de espionaje por parte de la policía para seguir los pasos de dirigentes políticos, sindicales y periodistas opositores de Salta.

CIA, FBI, KGB, MI5 y… la «D2»

Las tareas de seguimiento no son nuevas. Hace 5 años atrás, el 20 de marzo de 2007, la agencia de noticias DDN publicó: «Seguimiento a los docentes en huelga de hambre». La nota se trataba sobre un informe de inteligencia llegado a manos del fallecido periodista, Sergio Poma, donde se revelaba el accionar de un grupo de policías que realizaba actividades de espionaje en las movilizaciones docentes.

El grupo de tareas «D2» en sus informes detallaba los movimientos de los referentes de la huelga del 2007. Fotografías, filmaciones y breves caracterizaciones formaban parte de los escritos que se elevaban a la Jefatura de Policía, al secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris y al ministro de Gobierno Manuel Brizuela. Éste se comunicaba todos los días con el ex gobernador Juan Carlos Romero.

Rubén Sandoval, un policía especializado en Inteligencia, cercano a Aldo Rogelio Saravia y hermano de un referente delPartido de la Victoria se encontraba bajo el mando del grupo. A su lado tenia al Sargento Oscar Gutiérrez, con quien procuraba reunirse primero en la oficina 95 de la Central, ubicada sobre calle Güemes al 700. De los encuentros diarios y las pesquisas participaban los cabos Guillermo Arroyo, Cesar Lama y Pablo Solís; también estaban los agentes Maximiliano Vargas y Eduardo Cianci. Sandoval remarcaba a sus subordinados que tenían que detectar «puntos débiles» y datos personales de los manifestantes. Mientras, él se encargaba de administrar el dinero que destinaba la Jefatura para el gasto de los operaciones de espionaje y de planificar y caracterizar la situación en defensa del «orden y la paz social».

Cada punto de encuentro: asambleas o marchas eran registradas en los partes diarios. Nombre y apellido de los oradores, el contenido de sus discursos, el número de asistentes y los puntos de cada petitorio, entre otros detalles eran tenidos en cuenta. «No entablar diálogo alguno, insistir hasta que caigan los docentes ante las medidas de huelga de hambre impuestas. No dejar llevar la política gubernamental por esos operadores de la democracia», caracterizaba en una parte del informe el comisario Sandoval, jefe de la D2.

En las fotografías tomadas por los policías-fotógrafos se pueden ver al dirigente del partido Comunista Leonardo Juárez, a los diputados del Partido Obrero Claudio Del Plá y Pablo López, al referente de Libres del Sur Carlos Morello. En las 60 páginas de informe también aparecen nombres de referentes como Alejandro Wardi, Patricia Poblete, Inés Portal, Víctor Gamboa y el dirigente del MST Sergio Ballestero, entre otros.

Escenas de otra época…

En mayo de 2011 fue descubierto un grupo de policías, vestidos de civil, que registraban imágenes de video sobre los estudiantes de la escuela artística Tomas Cabrera que reclamaban mejoras edilicias. El comisario Roberto Flores era el responsable en ese cuestionado operativo. Con prácticas similares a la que se ejecutaban en el gobierno de Romero, ahora las operaciones eran realizadas sobre los jóvenes secundarios, pero bajo la gestión de Urtubey.

Apenas un año después, el gobierno y la cúpula policial quedaron envueltos en un nuevo escándalo de espionaje. Cuando parecía que se calmaban un poco las aguas, tras la crisis desatada por la aparición de un video que exponía como policías torturaban a dos detenidos en una comisaría de General Güemes, misteriosamente apareció un manuscrito de Gabriel Giménez en el bloque legislativo del PO. Ese documento denunciaba que Giménez era obligado por el ex secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia y por Pablo Kosiner (por entonces ministro de Gobierno y Seguridad) a controlar a dirigentes y periodistas opositores; esta nueva grieta en el poder, sacaba a luz que el escuadrón de espías en Salta continuaba actuando.

El ex agente de Inteligencia, dice que espiaba a un socio de Alfredo Olmedo que aporta financieramente la actividad política del diputado nacional, dueño de una Fundación; también al ex diputado Pablo López, al actual diputado Claudio Del Pla, a dirigentes sindicales y comunicadores de capital. «Al ex comisario Gabriel Giménez le ordenaron ver todas las llamadas entrantes y salientes y acceder a las computadoras de periodistas, para ver qué escriben, con quiénes se contactan y con quiénes se comunican. Yo simplemente transmito lo que él me dijo (…) toda la información confirmatoria de los dichos de Giménez se encuentra en las computadoras secuestradas de su domicilio «, aseguró el abogado Marcelo Arancibia.

Ante esto, el 21 de agosto de este año el legislador de izquierda Claudio Del Pla se presentó en la Fiscalía Federal Nº 1 a cargo del doctor Ricardo Toranzos para que se investigue las actividades de inteligencia. «Hemos tenido en cuenta que el documento presentado ante la Justicia por la defensa de Giménez, no es apócrifo. Cuando se filtraron los archivos de la policía, donde se veía el resultado del espionaje a la huelga docente del 2007, presentamos un recurso de Habeas Data ante la Justicia provincial. El Juez Costas reconoció en 2008 que esos archivos existen y son oficiales de la oficina D2 de la Policía de la Provincia. Sin embargo, por aquellos días, en 2008, el Comisario González (jefe de policía designado por Urtubey) anunció la continuidad del funcionamiento de la D2 en el nuevo gobierno», afirmó Del Pla a la salida del Juzgado Federal de calle España al 300.

La existencia «en secreto» de un aparato de Inteligencia contra la ciudadanía es un hecho desde hace décadas en la provincia. Es común observar en movilizaciones que se llevan a cabo en el centro de la ciudad a personal de las fuerzas de Seguridad, sin uniforme ni identificación, caracterizados como periodistas que intentan pasar desapercibidos entre los manifestantes y sacan fotos o realizan anotaciones. En sobradas ocasiones el fotógrafo Alejandro Ahuerma logró capturar imágenes de estos efectivos.

En medio de una dura interna policial, Giménez tuvo que pasarse de bando y destapó una olla que no huele para nada bien. Las prácticas y el sentido de la agencia policial de Salta están netamente corrompidas… y no por casualidades de la vida.

Historia podrida

La historia de los últimos 30 años de la policía de Salta se encuentra cruzada por el narcotráfico, la represión, la vinculación con crímenes no resueltos y los negocios sucios. Casi igual que la bonaerense, la policía de Salta tiene en su legajo una larga lista de denuncias y no por casualidad es conocida como una de las más pesadas de la región norte de Argentina. Para comprenderla estructuralmente, se debe tener en cuenta que debido a la proximidad de la provincia con los montes tucumanos, durante la última dictadura militar, la policía jugó un rol estratégico, por ende fundamental, para el terrorismo de Estado. Tampoco hay que perder de vista que en la frontera con Bolivia, el narcotráfico y el contrabando son actividades cotidianas y no pueden desenvolverse sin la tolerancia del poder político.

Así, el triunfo de Roberto Romero en 1983 no aportó recambió alguno al elenco de policías que cumplieron funciones durante la dictadura sangrienta iniciada en el 76 (blog/ricardo-ragendorfer/maldita-policía-la-salteña). Siguieron todos los comisarios y responsables. Años después, con la llegada al gobierno del licenciado Hugo Cornejo las cosas continuaron igual; tampoco cambió el panorama con Roberto Ulloa allá por el 91.

O sea que desde mediados del 70 se incubó una forma de accionar represivo y oscuro de la policía salteña, que en el año 96 bajo el gobierno de Juan Carlos Romero se consolidó como una fuerza totalmente corrompida. Al igual que sucede en ciudades más desarrolladas como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, desde entonces se puede señalar que los efectivos actúan agrupados en organizaciones cuasi-mafiosas.

Siempre apareció ligada al narcotráfico, a la recaudación de cajas, al espionaje y a la muerte. Cabe recordar el rol represivo que jugó en noviembre del 2000, cuando desalojó brutalmente al pueblo de Mosconi que protestaba sobre la ruta nacional 34; o la represión desatada contra la docencia en abril de 2005. Toda esa experiencia de impunidad quedó grabada en la memoria de los efectivos que actuaron durante toda esa etapa y todavía perdura.

Las torturas en comisarias salteñas se conocieron por todo el mundo a través de los videos subidos a internet, sin embargo son prácticas cotidianas del accionar policial. Solamente entre el periodo 2006-2012 se registraron más de 1.800 casos de denuncias por apremios ilegales en dependencias de Salta capital. En el interior la cifra llegó a 1.749 casos. A esto, se debe agregar los incontables casos que no son registrados por temor a represalias.

En tanto, si tomamos desde 1984 hasta la actualidad, se denunciaron casi 1.000 casos de gatillo fácil en la toda la provincia (ídem). Esto da cuenta de un cuerpo disociado diametralmente de la sociedad que busca «proteger» y con una impronta pesada que inevitablemente necesita cambiar.-

Publicado por Cuarto Poder

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Juan Manuel Urtubey quedó envuelto en un caso de espionaje de la policía de Salta, luego de que un ex subcomisario ahora detenido afirmara a través de su abogado que el secretario de seguridad le ordenaba controlar las comunicaciones de los periodistas locales y del diputado nacional opositor Alfredo Olmedo.

La acusación llegó tras la detención de Gabriel Giménez, interceptado la semana pasada en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde estaba prófugo luego de quedar vinculado a un camión con 50 kilos de cocaína hallado el 25 de mayo último en General Güemes.

Por ese caso, en el que habría intervenido la gendarmería, quedó detenido el policía Carlos Gallardo mientras que Giménez pasó a la clandestinidad hasta ser interceptado el martes de la semana pasada.

Con la justicia de feria, quedó a disposición del juez Miguel Antonio Medina y no ante el juez Julio Bavio, a cargo de toda la causa. “Todos sabemos que Medina es peronista y fue asesor del Partido Justicialista”, dijo a LPO el abogado y padrino de Giménez, Marcelo Arancibia, quien de inmediato se contactó con él pero se sorprendió al quedar impedido de ejercer la defensa.

“El juez entiende de que hay intereses contrapuestos y que yo no puedo ser su abogado. Así logró que quede a cargo de un defensor oficial. Ahora él me envió un poder y voy a insistir”, explicó.

Pero Giménez no se quedó quieto: le detalló a su abogado un procedimiento de espionaje del que formaba parte y tenía eje en el ex secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia.

“Le ordenaba hacer una vigilancia de los periodistas que trabajaban en el Gran Bourg (Casa de Gobierno de Salta). Iban a las oficinas y controlaban sus máquinas a ver si existían algunas infidencias que preocupara. Las reseteaban y controlaban los mensajes”, relató Arancibia.

“También me habló de que iban a retirar las llamadas entrantes y salientes que hacía el diputado (del opositor “Salta Somos Todos”) y se las entregaban al propio secretario seguridad. Y controlaban a un socio que tenía una fundación que presuntamente financiaba a Olmedo”, agregó.

Giménez dice haber llevado a cabo esta rutina entre octubre de 2010 y abril del año pasado, antes de quedar prófugo y con pedido de captura internacional.

El jefe de Arancibia era el entonces ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Pablo Kociner, diputado nacional desde el 10 de diciembre. Ambos dejaron sus cargos en diciembre por decisión de Urtubey y una de las primeras medidas de sus sucesores fue exonerar a Giménez y Gallardo.

El gobernador desechó las denuncias. “Me parece que es ciencia ficción, estamos hablando del abogado defensor de un señor que está detenido por narcotráfico», dijo a los medios locales.

El que no se quedó quieto fue el diputado Olmedo. Le pidió a la justicia federal que avance en una investigación paralela para detectar que hay de cierto respecto al espionaje denunciado por Giménez.