Quieren que sea el gobierno de Jujuy quien indemnice a los trabajadores a los que no se les reconocerá antigüedad. Y quieren que les transfieran los activos ante de pagar por la compra.
En las últimas horas trascendió que el grupo de capitales colombianos pretende que los activos del Ingenio azucarero sean transferidos para, recién a partir de allí, ir en busca de fondos para pagarlo, mediante una hipoteca; además, piden que sea el gobierno quien indemnice a los trabajadores.
Por estas horas, en Casa de Gobierno hay funcionarios que se agarran la cabeza por la falta de seriedad de la operación de venta del Ingenio La Esperanza.
Todos apuntan al padre de la criatura, el ministro de Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud Robles, quien por estas horas está embarcando rumbo a China con el gobernador Gerardo Morales.
La crítica que más se escucha hacia Robles es por la aparición en escena de los ya célebres inversores colombianos, el grupo Omega Energy, como prácticamente la única oferta que aceptó el gobierno de la provincia para vender el problemático ingenio azucarero.
El papel de Omega, desde su irrupción en escena hasta hoy, no deja más que dudas. Naufragó en una venta directa porque no tenía constituida una sociedad comercial en el país y en consecuencia no pudo acreditarse como empresa seria, con la documentación que eso implica.
Luego el juez que controla el devenir del Ingenio La Esperanza -quebrado desde hace dos décadas– se mostró lo más propenso posible para que los colombianos se queden con el Ingenio, planteando una licitación “sui generis” en la que nuevamente les levantó el pulgar a los inversores del país cafetero para que compren el ingenio.
Pero con la resolución del juez en la mano, los supuestos compradores siguen poniendo obstáculos, exigencias y cambiando las reglas, o al menos, estableciendo claras diferencias entre lo que el gobierno dice que harán y lo que finalmente hacen.
Sus contradicciones, al menos las más visibles. son:
Debían poner un 5% de la oferta total de 86 millones de dólares, a modo de garantía para participar en la extravagante licitación que convocó el juez Calderón. No lo hicieron.
Aceptarían al personal de 600 trabajadores, respetando sus condiciones de trabajo actuales. Hoy las desconocen, buscan que el vínculo laboral comience de cero descartando la antigüedad, y pretenden que la indemnización correspondiente quede a cargo del Estado provincial.
Debían depositar 15 millones de dólares para que los activos de La Esperanza les sean transferidos. Ahora estarían exigiendo que la transferencia se haga primero, para luego ir en busca de los fondos mediante una hipoteca en una entidad bancaria o bajo otras formas de financiamiento, según lo que trasciende los muros de Casa de Gobierno.
“¿De dónde los sacó el ’Tucán’ (apodo del ministro)? ¿Por qué Gerardo le hace caso?”, se preguntan integrantes del propio gabinete de gobierno, en relación a la gestión realizada por el ministro Robles.
En el medio, las 600 familias que quedaron viviendo de un ingenio que supo tener el doble de empleados, observan incrédulos y casi sin información el devenir de una empresa histórica para el ramal de Jujuy.-
Fuente: Jujuy al momento
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