Presentaron ante la Corte una Acción Popular de Inconstitucionalidad por la Tarifaria

ORAN, SALTA.

La norma no solo fue aprobada en un proceso viciado, también otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo que violan la Carta Orgánica.

REVISTA NORTE

La Ordenanza Tarifaria aprobada en 2017 por el Concejo Deliberante está siendo cuestionada ante la Corte de Justicia de Salta. El Doctor Domingo Sabag interpuso una Acción Popular de Inconstitucional para que el máximo tribunal de la Provincia se expida sobre la norma que fue sancionada, promulgada y puesta en vigencia en nuestra ciudad.

Entrevistado por Revista Norte, el Doctor Sabag explicó que “la Acción Popular de Inconstitucionalidad tiene efecto para todos los habitantes de Orán por lo que, de ser declarada inconstitucional por la Corte, el Ejecutivo Municipal deberá volver a los valores y a los hechos imponibles vigentes con la Ordenanza anterior, y esto sin que tenga que recurrir a la justicia cada contribuyente de la ciudad porque la `Acción´ es `Popular´”, explicó Sabag a nuestra Revista.

Recordemos que esta Ordenanza fue fuertemente cuestionada al momento de su presentación, ya que significó un verdadero tarifazo con un exorbitante incremento de sus valores a la vez que le otorgó al Ejecutivo la facultad de modificar esos valores cuando la Carta Orgánica reserva ese acto exclusivamente para el Concejo Deliberante.

Por otro lado, la ordenanza fue aprobada mediante evidentes vicios en su proceso de sanción, motivo por el cual Sabag inició también una demanda penal contra el entonces Presidente del Cuerpo, el concejal Rubén Antonio Caravajal, hoy imputado en la causa por Incumplimiento en los Deberes de Funcionario Público. (Ver: Ex Concejal imputado en una causa penal por irregularidades en la sanción de la Ordenanza Tarifaria).

Consultado sobre la responsabilidad del Intendente, Sabag explica: “El intendente no tendría que haber promulgado la Ordenanza, tendría que haber -al menos- observado el artículo que le da las facultades que son claramente inconstitucionales”, comenta. “El intendente, al promulgar la Ordenanza, está aceptando esas facultades extraordinarias” sostiene Sabag.

La Corte debe resolver lo antes posible porque “si la declara Inconstitucional, el Ejecutivo tiene que volver a la vigencia de la Ordenanza anterior y debe devolver, o abrir una nota de crédito, a los contribuyentes”, explicó Sabag; por lo tanto, cuanto más se demore el fallo más dinero está involucrado en esta maraña de irregularidades en la que se incurrió irresponsablemente.

“La cimiente de la ordenanza nació podrida. No puede ser constitucional ni legal lo que está viciado de raíz”, concluyó Sabag.-

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