Cómo está la causa por violación que pesa contra el concejal Rodriguez y su amigo gendarme

12/03/2019 | Revista Norte

ORAN, SALTA.

Elementos de prueba fundamentales para determinar el hecho de violencia de género que sacudió la vida política e institucional de la ciudad: Los teléfonos celulares de los imputados. La pena.

A casi 40 días del hecho en el que una joven de 22 años denunció al ahora ex concejal Ramón Isauro Rodriguez de haberla violado a la salida del boliche con la ayuda y complicidad de un amigo del edil, el gendarme Claudio Sanchez, aún habrían elementos de prueba fundamentales que no se efectivizaron; graves demoras que podrían afectar la investigación.

Fue el pasado 2 de febrero cuando la joven salió de un boliche de la ciudad junto al entonces concejal Ramón Rodriguez y un amigo de éste, el gendarme Sanchez, quienes se ofrecieron a acercarla hasta su casa para minutos más tarde convertirla en víctima de abuso sexual grave; según consta en la denuncia.

Rodriguez y Sanchez llevaron a la joven a un lugar en la periferia de la ciudad donde el entonces concejal la sometió sexualmente. Ella logró escapar de sus captores y horas después los denunció. El edil oficialista y el agente de la fuerza de seguridad nacional estuvieron prófugos durante dos días hasta que se entregaron el lunes posterior, el 4 de febrero, y desde entonces permanecen detenidos.

LA POLITICA

Desde ese día a hoy, varios hechos políticos acaecieron. Inmediatamente conocida la denuncia contra Rodríguez, se presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad un pedido de destitución al concejal. Su pertenencia al arco oficialista lo cubrió ‘hasta donde se pudo’. Así es que, en los primeros días, el pedido de destitución no fue acompañado por sus pares con estrecha afinidad al intendente Lara Gros. Para demorar la cosa, sus amigos del cuerpo decidieron crear una “Comisión investigadora”. La comisión se conformó, pero solo algunos promovieron esa investigación.

Una nueva sesión extraordinaria se llamó en plenas vacaciones de verano para tratar nuevamente la destitución, pero las artimañas de los oficialistas volvieron a hacer fracasar la sesión. La contundencia de un dictamen que los opositores firmaron como Dictamen de la Comisión Investigadora al cual se anexaron folios del expediente judicial en marcha, no pudo ser más resistido.

En medio de esas jornadas escandalosas que se vivían en el Concejo, apareció una nota con la renuncia del acusado a su cargo de concejal pero al día siguiente apareció otra nota -también de Rodriguez- en la que denunciaba presiones y retiraba su renuncia del día anterior. Ya era tarde, al parecer Lara Gros le soltaba la mano porque ese mismo día sus compañeros concejales, que hasta acá lo defendían, esta vez le aprobaban la destitución consiguiéndose por unanimidad echarlo de su cargo. Así, oficialistas y opositores lo dejaron sin banca en medio de otro barullo: rumores de maniobras para hacer renunciar a la cuñada de Rodriguez que debía asumir su banca por haberlo sucedido en la lista de candidatos. (Ver: Orán. “Han comenzado las tranzas en la muni para reemplazar al concejal preso”)

DECLARACIÓN TESTIMONIAL

En ese ir y venir de los avatares del poder, un acontecimiento que todavía resuena en los pasillos de la fiscalía se produjo.

La fiscalía de violencia de género a cargo de la investigación tuvo un hecho poco decoroso que trascendió a la prensa. Llamaron a la joven denunciante a declaración testimonial en la que participó no solo ella y su abogado sino también el abogado del acusado Ramón Rodriguez.

En tiempos en que Rodríguez gozaba aún de la ‘credibilidad’ de sus aliados políticos que lo sostenían en su cargo de representante del pueblo, la jornada de declaración de la víctima se vio alterada cuando la fiscal, interpelada por el abogado de la joven –el Dr. Cardozo Cisnero- decidió echar al letrado del despacho sumiendo a la joven a un cara a cara sin su abogado y en presencia del abogado del victimario acusado.

Al parecer el Dr. Cardozo Cisnero habría insistido contra la fiscal para que no direccionara la testimonial hacia detalles que victimizaban aún más a la joven, y frente al abogado defensor de Rodríguez. Allí la fiscal decidió echar del despacho a Cisnero y enfrentó a la víctima, sola, con el abogado del principal acusado presenciando la testimonial.

La actitud de la fiscal de género ocasionó el enojo del abogado de la joven que se hizo sentir en todo el edificio oficial, según trascendió más allá de los pasillos de la justicia.

LOS TELEFONOS

Dos elementos de prueba fundamentales habrían sufrido demoras inexplicables: las pericias sobre los teléfonos de los acusados. Según pudo conocer Revista Norte, la localización de los teléfonos celulares sería una medida de prueba fundamental para la causa.

Recordemos que Rodriguez y Sanchez estuvieron prófugos durante dos días. Esos días, los teléfonos celulares de ambos pudieron operar con grandes flujos de información que podrían obtenerse de ellos a favor de la justicia. Sin embargo, no se habría dispuesto de forma inmediata el secuestro de los aparatos móviles ni ordenado pericias de ellos hasta bastante días después de capturados e imputados los dos acusados. Los registros y contenidos de los mismos no pueden ser ignorados para una causa de tamaña gravedad.

AMENAZAS

La madre de la joven denunció amenazas. Un empleado que respondería a Rodriguez y que era sindicado como habitué en el despacho de éste en el Concejo Deliberante de la ciudad, habría llegado con un mensaje de ‘arreglo’ para liberarlo de la culpa extrajudicialmente. La madre se negó y denunció el hecho.

Recordemos que sobre Rodriguez pesan varias acusaciones de maniobras idénticas en el ámbito de su accionar político como miembro del Concejo. Incluso la Concejal del Partido Obrero, Nely Díaz, lo había señalado ya con la misma ‘estrategia persuasiva’ que parece ser recurrente en la historia pública de la familia Rodriguez, estrategia que otros tantos trabajadores del municipio habían ‘experimentado’.

LA PENA

Esta semana será importante en el avance de la causa que mantiene detenidos a Ramón Isauro y a su amigo oficial de gendarmería nacional; y que podría significarles hasta 20 años de prisión según sea la calificación que se les disponga.

Aunque tarde, la soltada de mano que el poder municipal -no ingenuamente- le propició a Rodriguez habría sido fundamental para que no se sucedan las impericias que suelen enterrar los valores de justicia, más firmes en una expresión de deseo colectiva que en los claustros competentes.-

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